Según el CEO de Ripple Labs, Brad Garlinghouse, el conflicto entre su empresa y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) será doloroso. De acuerdo a las estimaciones del ejecutivo, para el final del juicio, la firma habría gastado $200 millones de dólares. 

En diciembre del año 2020, la SEC demandó a la empresa por presuntamente vender valores (securities) sin tener licencia. Según la agencia reguladora, el token XRP, y otros de su clase, pertenecen al grupo de los denominados securities. Según las leyes de Estados Unidos, comerciar este tipo de activos requiere una licencia emitida por la propia agencia.

Bajo esa premisa, las autoridades demandaron a Ripple y a sus principales directivos. Estos últimos niegan que su token nativo pertenezca a la categoría de securities, por lo que la acusación carece de fondo. En otras palabras, la SEC no tendría potestad para reclamar sobre un caso en el que no tiene autoridad, argumenta la firma cripto.

El conflicto de Ripple con la SEC se acerca a su tercer aniversario

Independientemente de que Ripple tenga o no razón en el conflicto con la SEC, la empresa terminaría gastando unos $200 millones en el proceso. Aunque esta batalla legal involucra solamente a una de las muchas empresas del sector cripto, su resultado podría ser determinante. De cualquier manera, el caso continúa en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

Durante una entrevista con CNBC, el director ejecutivo de la empresa cripto arremetió contra la SEC, específicamente contra su presidente Gary Gensler. Dijo que el titular de esa agencia ha realizado declaraciones en las que se contradice en su afirmación sobre la cualidad de security de XRP.

Con la SEC gastaremos, esta es la primera vez que comparto esto públicamente, para cuando todo esté dicho y hecho, habremos gastado $200 millones defendiéndonos de una demanda que, desde el principio, la gente decía, bueno, esto no tiene mucho sentido“, expresó al citado medio de comunicación.

Los directivos apuntados por la demanda de los reguladores, Garlinghouse y el cofundador de Ripple, Chris Larsen, desestiman los argumentos del ente. Consideran que la SEC debe calificar a XRP como una criptomoneda y no como un valor o security.

Recientemente, otras empresas también recibieron acusaciones similares de la agencia. El resultado de este conflicto de la SEC contra Ripple será determinante para el comercio de activos digitales dentro de Estados Unidos.

Conflicto con la SEC será costoso para Ripple.
El CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, lamentó que su empresa tenga que gastar $200 millones en un juicio que “carece de sentido”.

En la búsqueda de una regulación clara

Entre las empresas apuntadas por la SEC se encuentran los exchanges Kraken y Coinbase. La directiva de la segunda arremete regularmente en los medios contra las acusaciones de la agencia. El jefe de esa plataforma, Brian Armstrong, lamenta que en el país no exista una regulación suficientemente clara que sirva para detener la presión.

Garlinghouse declaró que existen videos del presidente de la SEC en los que afirma que el 75% de los activos digitales eran commodities. Estas declaraciones, explica, fueron en su época como profesor del MIT. Pero ahora, como presidente de la SEC “dice que todas son securities porque está buscando poder y está anteponiendo el poder a una política sólida para hacer crecer una economía en Estados Unidos“.

Un portavoz de la agencia contestó en breves palabras que la SEC no efectúa comentario sobre causas en curso. En otras oportunidades, el CEO de Ripple mencionó que la agencia regulatoria tiene un comportamiento obstructivo en el que no se evidencia interés por buscar una solución al conflicto. Similares declaraciones las efectuó recientemente Armstrong, quien acusó a la SEC de no tener voluntad de colaboración.

Se espera que el desenlace de este caso se produzca en algún momento de 2024, según especulan personas cercanas. Pese a ello, no existe una fecha oficial para la próxima audiencia. El año pasado, ambas partes tenían una fecha límite hasta el 30 de noviembre para entregar sus alegaciones finales. Las mismas se hicieron públicas el 2 de diciembre de 2022.

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