Las fuerzas policiales en España arrestaron a 35 personas sospechosas de supuestamente falsificar tarjetas bancarias y lavar dinero utilizando Bitcoin (BTC).
Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la comunidad criptográfica es que muchos delincuentes prefieren utilizar las monedas digitales para realizar sus fechorías, lo que les da una mala reputación y representa un obstáculo para lograr su adopción masiva. Lastimosamente, una de las principales características de este tipo de activos, el anonimato, llama la atención de las personas que están planeando llevar a cabo actos ilícitos.
Ese es el caso que se está presentando en España, donde, según el informe de las autoridades, se logró detener a una organización criminal que había obtenido más de 600.000 euros (aproximadamente 674.000 dólares) y lavó más de un millón de euros (1,2 millones de dólares) utilizando Bitcoin.
Y por si eso fuese poco, el Comando de Alicante añadió que supuestamente había resuelto un total de 1.020 delitos informáticos conectados durante esta operación. Las presuntas acciones de los sospechosos, que son de Guinea Ecuatorial, España, Nigeria, Camerún y Marruecos, tuvieron un total de 219 víctimas en España y 20 en Israel, Dinamarca, Alemania, Francia y Grecia.
Toda la operación inició porque, de acuerdo con el medio local La Verdad, las fuerzas policiales detectaron el uso no autorizado de 104 tarjetas de crédito en España y otros 12 países. Las investigaciones fueron motivadas por una queja que presentó una compañía de alquiler de automóviles, la cual detectó el uso no autorizado de sus tarjetas bancarias en diferentes servicios en línea.
El grupo criminal supuestamente habría operado de 3 formas: simulando ser una persona de confianza a través del correo electrónico y pidiendo información bancaria (mejor conocido como phishing), clonando las tarjetas físicas y obteniendo credenciales de recibos de tarjetas de crédito, lo que se conoce como “fraude de ataque de tarjetas de crédito”.
Son casos como este los que impulsan luego a los gobiernos a imponer regulaciones estrictas a la industria criptográfica, que la mayoría del tiempo entorpecen su buen desarrollo y crecimiento. Y aunque la mayoría de los delitos de este tipo se sigan cometiendo con dinero fiduciario, la opinión pública termina cargando con toda la responsabilidad a las monedas digitales.
