Las autoridades de la República Islámica de Irán, anunciaron el cierre de unas 1.620 granjas ilegales de minería de Bitcoin. La cifra de estos centros de extracción de criptomonedas clausuradas, se cuentan a partir del año 2019, cuando el negocio fue oficialmente legalizado en esa nación.
Debe resaltarse, que una de las particularidades de estos procedimientos de las autoridades, es que se ofrecen recompensas a los denunciantes. En otras palabras, las personas que conozcan la existencia de las minas digitales que funcionen al margen de la ley, pueden formular su denuncia. A cambio de la información suministrada, los soplones reciben dinero de las autoridades.
Una de las razones de que exista gran número de granjas clandestinas en Irán, es debido a las altas tarifas eléctricas impuestas a los mineros. A diferencia de la población general y de otro tipo de industrias que gozan de un subsidio estatal, los emprendedores de la minería, son obligados a pagar altas sumas de dinero.
Las granjas de minería Bitcoin, sufren el peso de las imposiciones
Cuando se legalizó la minería de Bitcoin en Irán, en 2019, los dueños de las granjas, hasta ese momento ilegales, celebraron la noticia. No obstante, la alegría duró poco. Desde entonces las imposiciones a los dueños de las minas, han sido pesadas.
En ese sentido, existen leyes que obligan la venta de los Bitcoins minados al banco central iraní, el cual los paga con Rial, la moneda nacional. Aunque no se sabe la tasa que impone el organismo financiero, todo indica que no es muy conveniente, dado que muchos mineros han decidido retornar a la clandestinidad.
Debe tenerse en cuenta, que el bloque contra Irán, ha hecho disminuir hasta en un 33% el flujo de divisas hacia las arcas nacionales. Por este motivo, al tiempo que el país legalizó la minería de Bitcoin, prohibió su comercio privado. De esa manera, el Estado se apodera de las monedas digitales para usarlas en el comercio exterior.
Frente a este dilema de minar para el Estado en condiciones desventajosas, los dueños de las granjas de minería de Bitcoin optan por ser ilegales. De estos, hasta la fecha, 1.600 han sufrido el cierre por parte de las autoridades de Teherán.
No habrá piedad contra los mineros ilegales
Según reporta el portal CriptoNoticias, Mostafa Rajabi Mashhadi, vocero de TAVANIR, la compañía eléctrica nacional de Irán, las autoridades serán estrictas. Durante una entrevista con la radio estatal persa, el funcionario aseguró que perseguirían sin cuartel a los mineros “ilegales».
“Aquellos que usan energía subsidiada, como los mineros sin licencia, serán multados por una suma igual a la pérdida que le ocasionen a la red nacional. Sus granjas de minería Bitcoin, serán desconectadas de la red nacional de electricidad y serán procesados».
Una de las medidas que han ayudado a cumplir de manera efectiva las amenazas de Mostafa, han sido las recompensas a los soplones. Aquellas personas que ayuden a las autoridades a detectar a los mineros ilegales, reciben una recompensa equivalente a 450 dólares estadounidenses. Se trata de una suma muy atractiva en un país con graves problemas económicos.
El sistema de recompensas, ha permitido al Estado detectar y desmantelar unas 500 granjas de minería Bitcoin desde entonces. Este se implementó, ya que la empresa eléctrica es incapaz de detectar todas las granjas usando patrones de consumo. Algunos mineros se instalan cerca de zonas de alto consumo para pasar desapercibidos.
¿Cuánto pagan los mineros digitales en Irán?
A diferencia de las industrias convencionales, así como la población en general, las granjas de minería de Bitcoin, no gozan de subsidio de energía. Por el contrario, estos deben pagar el equivalente a USD 0.11 por kilovatio por hora (4.800 riales).
No obstante, se espera que este precio se incremente de manera drástica en poco tiempo. Próximamente, los mineros deberán pagar USD 0.44 por kilovatio por hora (19.300 riales). Pese a este aumento, los precios se mantienen entre los más bajos del mundo para la minería. Pero ambas medidas, el incremento progresivo y la prohibición de comercio privado, se combinan para crear malestar.
Todo hace presagiar que, en poco tiempo, aumentará el número de mineros que pasen a la clandestinidad. Al mismo tiempo, podría experimentarse una migración importante de granjas hacia otras naciones con menos reglamentación.
La misma sombra podría cubrir a Venezuela
Al otro extremo, en Sudamérica, el caso de Venezuela cumple muchos patrones de similitud con el de Irán. Ambas naciones sufren bloqueos por parte de Estados Unidos y afrontan una escasez importante de divisas.
En Venezuela, hasta ahora, no se han presentado ninguno de los dos casos que hay en Irán. No obstante, recientes movimientos por parte de las autoridades, hacen crecer la preocupación entre los mineros. Una reciente providencia habla de un pool nacional de minería, donde se deberán inscribir todas las granjas de manera obligatoria.
Si esta llegara a aplicarse, los mineros no podrían optar por minar en otros pools, sino en el del Estado, el cual controlaría los ingresos. Así, el Estado decidiría sobre el monto y la denominación monetaria que usaría para pagar a los mineros. Hasta ahora, solo ha habido especulaciones sobre el tema. Lo cierto del caso es que, al igual que Irán, Venezuela necesita recursos para su comercio exterior.
Otro caso no menos llamativo, fue el acuerdo entre el Ministerio de Energía y la Superintendencia de criptomonedas (Sunacrip). El mismo llegó luego de múltiples denuncias de desconexiones de granjas de minería Bitcoin en Valencia por una supuesta orden del ministro de energía de Maduro. El mencionado acuerdo establece que en un breve plazo se definirán tarifas eléctricas que deberán pagar los mineros.
Datos a tener en consideración
- Desde que se legalizó la minería en Irán, en julio de 2019, se han cerrado más de 1.600 granjas ilegales de minería de Bitcoin.
- De estas, 500 se cerraron gracias al programa de denuncia y recompensas del gobierno.
- Los denunciantes que ayuden a las autoridades a cerrar granjas, reciben una cantidad equivalente de 450 dólares.
- Los mineros están obligados a vender sus Bitcoins al Estado al precio que este decida. Además, deben pagar altas tarifas de energía.
- Esta última situación podría replicarse en forma de espejo en Venezuela, el país más minero de América Latina.
