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Espacio patrocinadoLa Asociación Nacional de Sheriffs de Estados Unidos, uno de los críticos más ruidosos de la CLARITY Act, retiró su oposición al proyecto y adoptó una posición neutral, despejando un obstáculo importante justo cuando la ley cripto más esperada del país encara una votación decisiva en el Senado.
El giro, revelado por Semafor y confirmado en una carta fechada el 3 de septiembre y dirigida a los líderes del Senado John Thune y Chuck Schumer, llega apenas once días antes de la votación de procedimiento prevista para el 15 de septiembre.
El grupo policial había pasado buena parte del año advirtiendo que la ley entrañaba «riesgos significativos para la seguridad pública y la aplicación de la ley», pero ahora concluye que, dada la complejidad de la legislación y los detalles que aún se negocian, lo más sensato es apartarse y dejar que el proceso legislativo avance.
Qué es la CLARITY Act y por qué importa
La CLARITY Act, cuyo nombre completo es Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales, es la norma que la industria cripto lleva años reclamando, porque busca poner fin a la ambigüedad regulatoria que ha marcado al sector en Estados Unidos.
Su objetivo central es establecer reglas claras para distinguir cuándo un activo digital es un valor -y cae bajo la órbita de la SEC-, cuándo es una materia prima regulada por la CFTC, y cuándo es una stablecoin de pago, una frontera que hasta ahora se resolvía caso por caso y a golpe de demandas.
El proyecto ya había superado la Cámara de Representantes en julio de 2025 con un fuerte respaldo de ambos partidos, y pasó el Comité Bancario del Senado en mayo, pero desde entonces quedó atascado, primero por objeciones del lobby bancario sobre el rendimiento de las stablecoins y después por disputas éticas que aún no se resuelven.
El obstáculo que se despeja y el que permanece
La objeción de los sheriffs no era menor, porque se concentraba en la Sección 604 del proyecto, que ofrece una especie de refugio legal a los desarrolladores de plataformas DeFi y software no custodial, y que el grupo consideraba una vía para que mezcladores y protocolos automatizados evadieran las normas contra el lavado de dinero.
Ese argumento pesaba porque varios senadores demócratas indecisos habían atado su apoyo precisamente a la tranquilidad de las fuerzas del orden sobre esas cláusulas, de modo que la neutralidad de los sheriffs les quita un motivo para oponerse.
Conviene, con todo, no confundir este avance con una luz verde definitiva, porque quedan dos obstáculos de peso. El primero es aritmético: la moción necesita 60 votos para superar el filibusterismo, y como los republicanos solo controlan 53 escaños, al menos siete demócratas tendrían que sumarse.
El segundo es el más espinoso, y ya no tiene que ver con los sheriffs sino con la ética, porque persiste la disputa sobre cómo impedir que un presidente en ejercicio y su familia se beneficien de negocios cripto, una cuestión que cobró fuerza tras los informes de que las empresas del sector vinculadas a la familia Trump generaron más de 1.400 millones de dólares en ingresos durante 2025.
La lectura de fondo es que la votación del 15 de septiembre conviene entenderla como un evento binario de procedimiento, y no como la consagración de un nuevo marco regulatorio, porque si la moción fracasa, la legislación sobre la estructura del mercado cripto probablemente quedará congelada hasta después de las elecciones de medio término.
El camino se despejó un poco con el paso de los sheriffs, pero la meta sigue lejos y el reloj legislativo corre en contra.
