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Espacio patrocinadoEspaña se dispone a levantar el primer registro estatal en el que los operadores de criptoactivos tendrán que declarar cada apertura y cierre de cuenta, junto con la identidad de sus titulares.
La reforma que ultima el Ministerio de Economía, la cartera del vicepresidente primero Carlos Cuerpo, no crea un archivo nuevo, sino que ensancha uno que lleva más de diez años funcionando: el fichero de titularidades financieras, hasta ahora tutelado por el Sepblac y limitado en la práctica a las cuentas corrientes de la banca tradicional.
La reforma extiende esa obligación de reporte a un perímetro mucho más amplio -gestoras de fondos, sociedades de capital riesgo, agencias y sociedades de valores y, por primera vez, las plataformas de criptoactivos-, de modo que todas ellas deberán comunicar al Estado el titular de cada cuenta, la entidad, el tipo de activo, las fechas de apertura y cierre y los eventuales cotitulares.
El registro no recogerá saldos ni movimientos, una cautela que lo mantiene como un mapa de titularidades antes que como un extracto bancario.
Un registro que nace dentro de una autoridad con dientes
El detalle que la crónica de mercado suele pasar por alto es dónde aterriza ese fichero. La información quedará bajo el paraguas de la Autoridad Nacional de Integridad Financiera, la ANIFI, un organismo independiente que el Consejo de Ministros aprobó en anteproyecto a finales de julio y que concentrará las competencias hoy repartidas entre el Sepblac y la secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo.
La ANIFI hereda además la estructura del FROB y llega con capacidades que van bastante más allá de recibir informes y analizar operaciones sospechosas, porque el texto la faculta para suspender transferencias, impedir temporalmente el uso de una cuenta -bancaria o de criptoactivos- y paralizar una operación cuando aprecie indicios de blanqueo. Será, en paralelo, el interlocutor único de España ante la nueva Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo, la AMLA.
Los plazos importan para calibrar la urgencia real. El anteproyecto está en audiencia pública hasta el 30 de septiembre, su entrada en vigor se ancla al calendario del marco europeo -previsto para julio de 2027- y la propia ANIFI dispone de hasta dieciocho meses para constituirse por completo, lo que la sitúa plenamente operativa hacia finales de 2028. Hablamos, por tanto, de una arquitectura que se está diseñando ahora para vigilar el sector durante la próxima década.
Por qué el cripto está en la diana
La justificación de Economía descansa sobre una cifra que conviene leer con lupa. Los flujos ilícitos en criptoactivos alcanzaron los 158.000 millones de dólares el año pasado según TRM Labs, un máximo histórico que supone un salto del 145 % interanual.
El titular esconde el matiz más relevante para entender hacia dónde va el problema: el propio informe atribuye buena parte de esa aceleración a la inteligencia artificial, con un repunte cercano al 500 % en las estafas potenciadas por IA y, sobre todo, con agentes autónomos capaces de fragmentar fondos, elegir puentes entre cadenas y ejecutar intercambios en plataformas descentralizadas en cuestión de segundos.
Esa mecánica enlaza directamente con la técnica que el GAFI y Europol señalan como la más eficaz para romper la trazabilidad: el canje de un criptoactivo por otro, saltando de activo en activo y de plataforma en plataforma hasta que el rastro se difumina. Lo que antes exigía una red de intermediarios humanos hoy lo orquesta un software, y la ventana para detectar e intervenir se comprime hasta casi desaparecer.
La puerta que el fichero cierra, y la que deja abierta
Aquí aparece la tensión de fondo de toda la reforma. El registro resuelve con eficacia un tramo concreto del problema -saber quién es el titular de cada cuenta en las plataformas que ya operan bajo licencia-, y lo hace además integrándose con los ficheros equivalentes del resto de la Unión, de manera que la información estará disponible con independencia del Estado en el que se abriera la cuenta.
El punto ciego es que el dinero que mide TRM rara vez entra por esa puerta. El lavado sofisticado vive fuera del perímetro regulado por MiCA: en la autocustodia, en las operaciones entre particulares, en los cajeros de criptomonedas que ya han protagonizado varias operaciones policiales en España y en las plataformas radicadas en jurisdicciones con vigilancia escasa.
Un fichero de titularidades captura al usuario que se identifica en un exchange autorizado; el actor que nunca pensó abrir una cuenta con KYC sigue siendo invisible para él.
De modo que la reforma refuerza la resolución sobre el terreno que ya estaba iluminado y apenas alcanza al que permanece a oscuras. No es un defecto de ejecución, sino una consecuencia estructural de vigilar por titularidades un fenómeno que se ha vuelto automatizado y sin custodia.
Qué cambia para el sector
Para las plataformas, el impacto inmediato es una capa más de reporte sobre entidades que, en su mayoría, ya migraron su registro del Banco de España a la CNMV con la entrada en vigor de MiCA.
La reforma amplía además el espectro de servicios sujetos -de la custodia y el cambio a fiat que ya cubría la ley española a la gestión de plataformas de negociación, el canje entre criptoactivos, la ejecución de órdenes, la colocación, el asesoramiento o la gestión de carteras, en un mapa que coincide con los servicios que MiCA reconoce a los proveedores de criptoactivos-.
El borrador incorpora también, según la información conocida del texto, la obligación de indicar si el propio titular de la cuenta es a su vez un sujeto obligado por la normativa antiblanqueo.
Desde la industria del cumplimiento la lectura es que se trata de una obligación adicional coherente con la finalidad última del fichero, que no es otra que localizar cuentas en el marco de una investigación sin tener que preguntar entidad por entidad. La dirección del viaje es inequívoca: el perímetro de vigilancia se estrecha alrededor del sector regulado y se coordina a escala europea.
La pregunta que queda abierta, y que ninguna ley de titularidades responde por sí sola, es qué hace el supervisor con la frontera que ya se mudó al terreno donde no hay cuenta que fichar.
