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Espacio patrocinadoVietnam acaba de ponerle precio a operar criptomonedas por fuera del sistema. El Decreto 284/2026/NĐ-CP, firmado el 16 de julio y con entrada en vigor el 1 de septiembre, establece multas de 30 a 50 millones de dong -entre 1.140 y 1.900 dólares- para los inversores locales que negocien criptoactivos sin pasar por un proveedor autorizado por el Ministerio de Finanzas.
La comparación que circula en Hanói no es casual: conducir un auto con una alcoholemia superior al 0,08% se castiga en Vietnam con 30 a 40 millones de dong y una posible suspensión de licencia por dos años. En otras palabras, el trading no autorizado puede salir más caro que manejar borracho.
Un detalle importante de la letra chica: las cifras del decreto están fijadas para organizaciones. Las personas físicas pagan, por regla general, la mitad por la misma infracción.
La escala completa de sanciones
El decreto no se limita al inversor minorista. Construye un régimen sancionatorio de tres niveles:
- 70 a 100 millones de dong (2.650 a 3.800 dólares) para inversores locales que operen activos digitales reservados exclusivamente a inversores extranjeros.
- 180 a 200 millones de dong (6.800 a 7.600 dólares) para empresas que ofrezcan o publiciten servicios cripto sin licencia.
- Hasta 70 millones de dong para proveedores ya licenciados que incumplan la verificación de identidad de sus clientes.
- Hasta 200 millones de dong por recolectar, almacenar, intercambiar, vender o publicar ilegalmente datos de cuentas cripto.
Esta última cláusula merece atención especial. Llega en un momento de aumento global de los llamados wrench attacks: secuestros, robos y extorsiones físicas contra tenedores de criptomonedas identificados a partir de información personal y financiera filtrada.
Francia ha sido el epicentro reciente de este fenómeno, con delincuentes que cruzan bases de datos comprometidas para localizar objetivos y a sus familiares. Vietnam parece haber tomado nota antes de tener un mercado regulado en funcionamiento.
El objetivo real: Binance, OKX y Bybit
El decreto le pone dientes a una política que Vietnam viene preparando desde marzo, cuando trascendió que el Ministerio de Finanzas redactaba normas para prohibir que los ciudadanos operen en plataformas cripto del exterior.
La estrategia es reconocible: cerrar la puerta a los exchanges offshore mientras se construye un mercado doméstico regulado y capturable fiscalmente. Binance, OKX y Bybit son los nombres que aparecen en el radar regulatorio.
El vacío que puede retrasarlo todo
Aquí está la contradicción central de la norma: Vietnam no ha otorgado todavía ninguna licencia de exchange cripto.
Eso vuelve difícil aplicar el decreto a partir del 1 de septiembre. No se puede sancionar razonablemente a un usuario por no operar en una plataforma local autorizada que aún no existe. La fecha de vigencia, en la práctica, podría quedar en letra muerta hasta que aparezca el primer operador habilitado.
Según el medio local The Leader, en mayo el Ministerio de Finanzas había identificado cinco compañías con expedientes iniciales completos y válidos:
- VIXEX
- Vietnam Digital Asset Corporation
- CAEX, vinculada a VPBank
- SCEX
- TCEX, vinculada a Techcombank
El viceministro de Finanzas, Nguyễn Đức Chi, señaló entonces que Vietnam esperaba que la primera actividad de mercado cripto oficialmente regulada comenzara ya en el tercer trimestre.
El listón para entrar es alto. El programa piloto exige un capital social mínimo de 10 billones de dong -unos 380 millones de dólares- y limita la participación extranjera al 49%. Es un diseño pensado para que el mercado quede en manos de grandes bancos y casas de bolsa locales, no de startups.
Por qué esto importa más allá de Vietnam
Vietnam no es un mercado marginal. Ocupó el cuarto lugar mundial en el Índice Global de Adopción Cripto 2025 de Chainalysis, con más de 200.000 millones de dólares en activos digitales movidos durante los doce meses cerrados en junio de 2025.
Y el uso local trasciende ampliamente la especulación: según Chainalysis, la actividad cripto vietnamita se extiende a remesas, ahorro y gaming. Es decir, se trata de una economía donde los activos digitales cumplen funciones cotidianas.
Formalizar ese ecosistema por la vía de la sanción, antes de que exista la infraestructura legal para migrar a ella, es una apuesta arriesgada. La pregunta que queda abierta es si el 1 de septiembre marcará el inicio de un mercado regulado o simplemente el momento en que millones de usuarios pasen, de un día para otro, a la categoría de infractores.
