La situación bancaria del país es complicada. Más personas poseen un teléfono celular que una cuenta bancaria, e incluso aquellos que sí tienen acceso a servicios bancarios se enfrentan a una batalla cuesta arriba. Con solo 14 sucursales por cada 100.000 ciudadanos, los bancos están abarrotados, los tiempos de espera son largos y, a veces, la sucursal más cercana no está cerca.
Esto ha abierto la puerta para una amplia gama de soluciones Fintech. Desde los microcréditos y los servicios de préstamos entre pares hasta las empresas de remesas y las alternativas bancarias en línea, el espacio está creciendo más rápido de lo que los reguladores podrían haber imaginado. Y los bancos tradicionales tienen miedo.
México tiene la mayor industria Fintech en América Latina, con más de 238 nuevas empresas que ofrecen sus propias soluciones a los obstáculos financieros del país, el banco debería estar asustado.
Finnovista, un partidario principal de las startups mexicanas de tecnología financiera, informó en un estudio de 2017 que estas nuevas compañías podrían tomar más del 30 por ciento del mercado bancario del país en los próximos 10 años, pero las cosas podrían estar acelerando incluso más rápido de lo esperado.
Statista estima que el mercado mexicano de Fintech alcanzará casi $ 70 mil millones a fines de 2018, y la cantidad de usuarios se disparará a más de 111 millones para el 2022.
Estos desarrollos han obligado a los legisladores mexicanos a tomar en serio esta nueva revolución financiera.
Ley de Fintech en México
Aprobada a principios de marzo de 2018, la ley Fintech de México recibió el apoyo de todos los partidos principales, pasando con el 75 por ciento de los votos. Y aunque impuso algunas restricciones en el espacio, la ley fue abrumadoramente favorable para la industria en su conjunto.
La ley incluso proporcionó una definición flexible de activos digitales:
“La representación del valor registrado electrónicamente y utilizado por el público como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos y cuya transferencia solo puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos”
Esto es importante porque abrió la puerta para que las empresas de Fintech utilicen criptomonedas en las transacciones de remesas, un espacio que representó más de $ 28 mil millones para ingresar al país, representando el 10 por ciento del crecimiento total del PIB en México en 2017.
Antes, estos pagos conllevaban tarifas significativas y podían demorar días en procesarse, pero con la nueva ley, los ciudadanos ahora pueden acceder a estos servicios a través de instituciones financieras que utilizan criptomonedas a una tasa más baja y con tiempos de procesamiento mucho más rápidos.
Otra pieza clave de la ley se centró en los intercambios de criptomonedas
Según la nueva ley, los intercambios se clasificaron como Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) y cayeron bajo la jurisdicción del Banco Central de México. Debido a esto, los intercambios ahora requieren la aprobación del banco central para operar. Además, el banco central sería la voz decisiva en la que se enumeran los criptos, un problema que ha recibido algunas críticas de cripto entusiastas.
Los intercambios ahora también están obligados a divulgar los riesgos asociados con sus operaciones, señalando específicamente que las criptomonedas no son de curso legal reconocidas por el gobierno o el Banco de México, además de notificar a los clientes que la reversión de transacciones puede ser imposible.
Nuevos desarrollos en la ley Fintech
El 27 de julio, el Banco de México anunció una nueva incorporación en la ley Fintech que restringe las transferencias bancarias interbancarias casi instantáneas dentro del país utilizando el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) a los intercambios de criptomonedas.
Anteriormente, la transferencia o retiro de fondos hacia o desde una cuenta bancaria mexicana sería casi instantánea. Pero según la nueva disposición, los bancos deben tomar medidas adicionales para validar las transacciones, haciendo que los fondos estén disponibles el siguiente día hábil.