Un accionista de Circle Internet Group presentó una demanda federal contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y World Liberty Financial por operaciones de criptomonedas vinculadas a Emiratos Árabes Unidos. El demandante sostiene que esos acuerdos permitieron obtener beneficios indebidos de una fuente extranjera y pide que un tribunal examine si se violó la Constitución estadounidense.
La acción fue presentada el 22 de octubre en Washington por J. Benjamin Greenberg, antiguo empleado y accionista de Circle. Según CNBC, también figuran como demandados el enviado estadounidense para Oriente Medio Steve Witkoff y varias sociedades relacionadas. Circle aclaró que no inició, autorizó ni participó en la presentación, pese a que Greenberg afirma actuar en nombre de la compañía.
Dos acuerdos con Emiratos centran la demanda
La primera operación señalada es la compra de una participación del 49% en World Liberty por 500 millones de dólares. El acuerdo se habría cerrado días antes de la investidura de Trump en enero de 2025 con una entidad respaldada por el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, asesor de seguridad nacional emiratí.
La empresa sostuvo anteriormente que el presidente no intervino en la negociación, mientras que el escrito judicial alega que recibió beneficios económicos después de asumir el cargo.
La segunda operación involucra a USD1, la moneda estable emitida por World Liberty. Un fondo de Abu Dabi presidido por Tahnoon utilizó 2.000 millones de dólares en ese activo para una inversión en la plataforma Binance. Greenberg argumenta que el volumen de la transacción favoreció al negocio vinculado a la familia Trump. Esa cifra describe el tamaño de la operación, no una ganancia personal de 2.000 millones de dólares acreditada judicialmente.
Qué pide el demandante al tribunal
La demanda invoca la Cláusula de Emolumentos Extranjeros, que restringe la aceptación de beneficios de gobiernos extranjeros por funcionarios federales sin consentimiento del Congreso. Greenberg solicita una declaración judicial sobre las ganancias cuestionadas, información sobre otros posibles pagos extranjeros relacionados con criptomonedas y la devolución de los beneficios que eventualmente se consideren ilícitos.
Para que esa pretensión prospere, el tribunal tendrá que resolver cuestiones que el escrito del demandante por sí solo no demuestra, entre ellas el origen de los fondos, la relación de las operaciones con un gobierno extranjero y la atribución de eventuales ganancias al presidente. La presentación de la demanda abre un proceso civil; no constituye una sentencia ni una constatación de culpabilidad.
World Liberty y la Casa Blanca rechazan las acusaciones
World Liberty afirmó que cumple las leyes estadounidenses y calificó las acusaciones de infundadas. Un abogado de la empresa cuestionó la solidez del caso, mientras que la Casa Blanca negó que exista un conflicto de intereses. Las respuestas son relevantes porque la demanda presenta una interpretación jurídica y financiera que los señalados disputan abiertamente.
El expediente llega en un momento de creciente escrutinio sobre los negocios cripto de la familia presidencial y sus vínculos internacionales. El resultado dependerá de las pruebas admitidas y de cómo el tribunal interprete la cláusula constitucional frente a estas operaciones. Hasta entonces, los montos de los acuerdos y las acusaciones deben mantenerse separados de cualquier conclusión judicial sobre ilegalidad.
