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Espacio patrocinadoEl Gobierno de Estados Unidos presentó una demanda de decomiso civil para confiscar $61 millones en criptomonedas. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York sostiene que los fondos proceden de ventas de petróleo crudo iraní realizadas en el mercado negro. El crudo involucrado en estas operaciones estaba sujeto a sanciones y, según las autoridades, parte de los pagos se habría canalizado mediante activos digitales.
Según las autoridades estadounidenses, Teherán utilizó una red de intermediarios en China y otros países para movilizar más de $1.500 millones. Estos recursos estarían destinados a financiar a las Fuerzas Armadas de Irán y a la Guardia Revolucionaria Islámica. Las operaciones buscaban canalizar capital hacia la infraestructura militar del país mientras se eludían las sanciones impuestas por Washington.
El fiscal adjunto Sean S. Buckley declaró que la incautación busca impedir que estos recursos sean utilizados para financiar actividades hostiles y ataques terroristas. La investigación señala directamente a dos empresas chinas, Blessed Trust y Hexa Whale, como piezas centrales del supuesto esquema. Ambas firmas operaron cuentas comerciales en la plataforma de intercambio Binance y, mediante ellas, habrían realizado transacciones vinculadas con Teherán.
Por su parte, un portavoz de Binance afirmó que la empresa mantiene una política de cero tolerancia frente a las violaciones de sanciones. La plataforma aseguró que coopera activamente con las autoridades y restringe o congela cuentas asociadas con actividades ilícitas. Las firmas chinas señaladas prestaban servicios de conversión entre dinero fiduciario y activos digitales, una actividad mediante la cual presuntamente se movilizaron los $61 millones en criptomonedas vinculados con Irán.
Mecanismo de lavado de millones en criptomonedas y la cooperación de Tether
Las investigaciones revelaron que Blessed Trust y Hexa Whale utilizaron el sistema financiero estadounidense para transferir decenas de millones de dólares. Ambas entidades facilitaban servicios de entrada al ecosistema cripto para clientes vinculados con el sector petrolero chino. Para ello, recurrían a emisores de activos digitales radicados en Estados Unidos.
En el marco del proceso judicial, Tether procederá a quemar los tokens alojados en las direcciones identificadas. Posteriormente, la compañía emitirá un volumen equivalente de nuevos activos para transferirlos bajo custodia del Gobierno estadounidense. Este procedimiento técnico permite inutilizar los fondos originales y trasladar su valor a direcciones controladas por las autoridades.
El caso refleja el incremento de la presión de Washington sobre la compra de hidrocarburos iraníes por parte de refinerías independientes en China. Previamente, las autoridades estadounidenses impusieron sanciones directas contra plantas procesadoras chinas. Asimismo, advirtieron a las instituciones financieras sobre los riesgos de facilitar este tipo de operaciones.
China se mantiene como uno de los principales compradores de crudo iraní y absorbe más del 80% de sus envíos marítimos. Para esquivar las restricciones, Teherán también ha recurrido a esquemas de trueque de mercancías valorados en miles de millones de dólares. En este contexto, los criptoactivos representan otra de las vías utilizadas para movilizar capital fuera de los canales financieros tradicionales.
Implicaciones para el sector de activos digitales
El procedimiento judicial vuelve a poner de manifiesto la capacidad de las agencias estadounidenses para rastrear e intervenir fondos dentro del ecosistema cripto. La colaboración entre las autoridades y los emisores de monedas estables refuerza los mecanismos disponibles para congelar o confiscar activos vinculados con actividades presuntamente ilícitas. En consecuencia, este tipo de casos podría aumentar la presión regulatoria sobre las plataformas internacionales.
A medida que el caso avance en los tribunales de Nueva York, las empresas financieras deberán seguir evaluando sus políticas de cumplimiento y gestión de riesgos. La acción legal también evidencia el creciente escrutinio sobre los flujos de capital asociados con el comercio petrolero sancionado, incluso cuando las operaciones se realizan mediante criptomonedas.
