Aunque muchas instituciones financieras alrededor de mundo han empezado a ver a las criptomonedas con mejores ojos, todavía la mayoría de ellas considera que esta clase de activos son un riesgo demasiado alto para los usuarios, por lo que deben ser desechadas como opción para realizar transacciones comerciales. Y hace unos días el Banco de España reforzó esta postura.
La máxima institución financiera del país hizo un nuevo recordatorio a la población sobre los riesgos inherentes a las monedas digitales, ya que no estaban reguladas ni las casas de cambio criptográficas están siendo supervisadas por el Banco Central.
Además, tampoco cuentan con la protección de ningún sistema de garantías nacional, como el Fondo de Garantía de Depósitos de España; por lo tanto, es imposible realizar un reclamo en caso que algo ocurra con el pago o el producto adquirido tuviera algún problema.
El actual gobernador del Banco Central de España, Pablo Hernández de Cos, aseguró que ningún estado del país ha legalizado a Bitcoin ni a ninguna otra moneda digital, ya que estas no pueden “reemplazar al dinero y no es un medio de pago o intercambio común”.
“Probablemente, te hayas preguntado alguna vez si las monedas virtuales pueden sustituir al dinero. No. Estas monedas no son un medio de pago o intercambio común y generalmente aceptado. De hecho, el término de monedas puede resultar ciertamente equívoco y, por ello, su denominación ha evolucionado recientemente hacia activos virtuales o criptoactivos”.
Aunado a eso, el gobernador asegura que utilizar el término “criptomoneda” es incorrecto, y que este debe ser sustituido por simplemente moneda virtual o moneda criptográfica.
Es importante recordar que el tema de la regulación de las criptomonedas en España sí se ha discutido. En diciembre de 2018, el Partido Popular de España (PP), anunció que se encontraba trabajando en una ley para regular a los activos criptográficos y tecnología Blockchain. El objetivo es crear un ambiente de mayor estabilidad y confianza en la industria, para incentivar a inversionistas a incursionar en ella e impulsar la innovación en el país.
Sin embargo, hay varios reguladores y entidades que se mantienen escépticas respecto al tema, y en lugar de esperar que se materialice la nueva legislación, han continuado añadiendo compañías de la industria a su “lista negra”.
