Aunque parezca insólito, la razón de porque la Corte Suprema de Corea del Sur dictaminó que Bitcoin es un activo legalmente reconocible, es para poder decomisarlos en un caso de pornografía infantil.
Todo inició en septiembre de 2017, cuando la corte local del distrito de Suwon acusó a Ahn de 33 años de edad con la venta y distribución de pornografía infantil. Acusado de poseer un sitio web desde 2013, Ahn fue arrestado en mayo de 2017 por diseminar unos 235,000 archivos obscenos, encontrados en su página y computador.
A pesar de que la corte sentenció a Ahn como culpable y otorgándole 18 meses de prisión por sus acciones, no le pudieron confiscar los 216 bitcoins que Ahn acumuló a cambio del porno, alegando que estos eran activos no tangibles, citando:
“No es apropiado confiscar bitcoins porque están en forma de archivos electrónicos sin entidades físicas, a diferencia del efectivo”, dictaminó el tribunal. “La moneda virtual no puede asumir un valor estándar objetivo”.
Esto generó polémica en el país porque mostraba un error en el sistema, reflejando que se pueden realizar actividades ilegales sin castigo alguno, porque puedes mantener tus monedas digitales.
Al observar la situación, la corte suprema decidió investigar el caso y deliberar con respecto al tema, dando un veredicto el 30 de mayo de 2018, determinando que Bitcoin efectivamente es un activo tangible, el cual puede generar ganancias. Citando el alegato:
“La ley coreana estipula que un activo oculto considerable oscila entre efectivo, depósitos, acciones y otras formas de objetos tangibles e intangibles con valor estándar”, dice el fallo. “Bitcoin es intangible y viene en forma de archivos digitalizados, pero se comercializa en un intercambio y se puede usar para comprar productos. Por lo tanto, recibir bitcoins es un acto de tomar ganancias”.
Dada estas nuevas condiciones, el caso de Ahn se le podrá decomisar sus ganancias, siendo nada más 191 Bitcoins, debido que las demás no se pueden determinar si provienen de este acto ilegal.
Impacto en el Futuro
En 2017 los legisladores exponían un comportamiento restrictivo con respecto a las criptomonedas, pero este fallo parece representar un cambio ideológico hacia planteamientos proactivos.
