Sally Scales denunció que la IA convierte arte indígena australiano en «basura de Temu» y erosiona su autenticidad, según The Guardian.
La discusión se inscribe en un reclamo más amplio del sector visual australiano: conocer qué obras alimentan los modelos, decidir sobre su utilización y recibir una remuneración. Para los pueblos originarios, también está en juego la autoridad sobre conocimientos y expresiones culturales que tienen vínculos comunitarios.
La protección cultural abarca más que una imagen
La propiedad cultural e intelectual indígena, conocida por sus siglas inglesas ICIP, comprende conocimientos, relatos y expresiones creativas vinculados con las Primeras Naciones. Las orientaciones de Creative Workplaces destacan que su uso debe respetar los valores y derechos de las comunidades, contemplando consentimiento, atribución y una valoración adecuada.
Ese enfoque reconoce a los pueblos originarios como guardianes e intérpretes de su cultura. La autorización requiere información suficiente sobre el uso propuesto y tiempo para decidir, mientras el respeto a los materiales culturales también incluye su integridad y las condiciones para compartirlos.
La guía de IP Australia señala que las responsabilidades culturales pueden extenderse más allá de lo reconocido o protegido por el sistema de propiedad intelectual. Esa distinción ayuda a entender por qué una discusión sobre permisos de reproducción también puede involucrar obligaciones hacia una comunidad.
Los artistas piden consentimiento, transparencia y pago
La Asociación Nacional para las Artes Visuales, NAVA, informó en septiembre que continuaba su participación en investigaciones parlamentarias sobre IA. Sus reclamos incluyen proteger derechos de autor y derechos morales, exigir consentimiento y pago por el entrenamiento de modelos y transparentar los datos utilizados.
En una encuesta realizada por la asociación en 2025 a más de 890 artistas visuales, más del 80% consideró que la IA planteaba riesgos para sus ingresos, su práctica y sus derechos morales. El 73% apoyó compensaciones cuando las obras se emplean para entrenar sistemas, resultados que describen las respuestas de esa muestra.
Los participantes reportaron extracción de trabajos sin consentimiento, dificultades para averiguar si estaban incluidos en conjuntos de entrenamiento e imitación de estilos distintivos. La organización también incorporó la soberanía de datos y la protección de ICIP a su agenda de incidencia pública.
Copyright Plus propone reforzar el poder de decisión
En paralelo, investigadores de UNSW Sydney presentaron al Gobierno el marco Copyright Plus. La propuesta, impulsada por Kathy Bowrey y Oliver Bown, plantea obligar a las empresas de IA a revelar sus fuentes de datos y reconocer la posibilidad de rechazar el uso de obras para entrenamiento o imitación.
El esquema contempla un gravamen para financiar remuneraciones a profesionales creativos y un fondo cultural más amplio. También propone mecanismos de retirada más rápidos para contenidos no autorizados, con participación de organizaciones profesionales, a fin de reducir las barreras que enfrentan los artistas al defender sus derechos.
Se trata de una propuesta académica, cuya presentación no equivale a su aprobación como ley. El debate reúne decisiones sobre acceso a los datos, reparto del valor económico y respeto por la autoridad cultural de quienes crean, cuestiones que seguirán acompañando la expansión de las herramientas generativas.
