El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso el sobreseimiento del presidente Javier Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros nueve investigados en la causa $LIBRA, abierta tras el lanzamiento y posterior desplome de la criptomoneda promocionada por el mandatario en febrero de 2025.
La figura elegida pesa más que el titular. El sobreseimiento se dictó en los términos del artículo 336, inciso tercero, del Código Procesal Penal de la Nación, que lo habilita cuando el hecho investigado no constituye delito, lo que implica que el juez no dejó la puerta abierta a nuevas pruebas, como ocurriría con una falta de mérito, sino que cerró la discusión penal de fondo.
De qué se acusaba al presidente
El 14 de febrero de 2025, Milei compartió un enlace a un sitio donde se podía comprar $LIBRA, una moneda vinculada a una iniciativa llamada Viva la Libertad Project, presentada como un proyecto privado para financiar pequeñas y medianas empresas argentinas. El token llegó a una capitalización de unos 4.500 millones de dólares y en cuestión de horas se desplomó más de un 90%, en medio de una ola masiva de ventas.
Las denuncias llevaron a la fiscalía a examinar si Milei incurrió en fraude, asociación ilícita o incumplimiento de sus deberes, mientras uno de los denunciantes sostuvo que la maniobra afectó simultáneamente a más de 40.000 personas. A lo largo del expediente se analizaron estafa, abuso de autoridad, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública.
El capítulo de Karina Milei se apoyó en los mensajes en los que Hayden Davis, cocreador de LIBRA, se jactaba de su influencia sobre el presidente por pagos que le habría hecho a su hermana. Además, los peritajes mostraron que Milei mantuvo, en paralelo al lanzamiento, reiteradas conversaciones con Mauricio Novelli, el empresario que lo contactó con Davis.
Por qué el juez cerró la causa
El eje del fallo es la definición de estafa, que según Martínez de Giorgi «exige que el engaño determine una falsa representación de la realidad» con impacto en la decisión patrimonial de la víctima. Siguiendo al fiscal Eduardo Taiano, concluyó que el proyecto existió, las empresas eran reales, las operaciones quedaron registradas en la blockchain y nadie prometió rentabilidad.
El juez admitió que la investidura presidencial pudo dar al proyecto una visibilidad especial e influir en la confianza de los inversores, pero entendió que eso no demostraba por sí mismo una maniobra fraudulenta.
Descartó el abuso de autoridad con base en informes de la Secretaría Legal y Técnica y de la Oficina Anticorrupción que certificaron que el mensaje salió de una cuenta personal, sin recursos estatales ni contratos administrativos, y comparó el posteo con la presencia presidencial en la inauguración de una fábrica.
Sobre Karina Milei, el magistrado sostuvo que la documentación que alude al Gobierno no basta para demostrar que se hubiera acordado remunerarla por facilitar reuniones con el presidente.
Celebración oficial y cuestionamientos
Milei celebró el fallo afirmando que «la verdad siempre termina imponiéndose», y los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger también aplaudieron la decisión en redes.
Las críticas apuntan al procedimiento. La resolución llegó sin haber citado a indagatoria a los acusados y mientras todavía había medidas de prueba pendientes.
La oposición habló de impunidad y se recordó que el juez fue beneficiado por el Gobierno con la designación de su esposa como jueza federal. A eso se suma que la comisión investigadora de Diputados recomendó evaluar un posible mal desempeño del presidente y acusó al juez y al fiscal de negarse a colaborar con la investigación parlamentaria.
Cómo sigue
En la práctica, el fallo quedaría firme en pocos días, porque el fiscal pidió el cierre y no va a apelar, y ya no hay querellantes: el 3 de julio el juez apartó a los damnificados y la Sala I de la Cámara Federal confirmó esa exclusión el 4 de septiembre.
Queda un frente abierto. La Sala II de Casación, integrada por Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar, tiene en sus manos una apelación de los damnificados excluidos, y si son admitidos como querellantes podrían apelar el sobreseimiento. Si Casación no resuelve pronto o confirma la exclusión, el caso queda definitivamente cerrado.
El sobreseimiento tampoco alcanza al frente estadounidense. En la acción colectiva impulsada por Burwick Law en Nueva York, Milei fue mencionado pero no figura como demandado, y en agosto los abogados de los inversores pidieron mantener congelados hasta el final del proceso más de 57 millones de dólares depositados en billeteras de Hayden Davis.
La causa penal argentina se acerca a su cierre, pero la discusión sobre quién se quedó con el dinero de $LIBRA sigue abierta en otra jurisdicción.
