El 19 de octubre de 1973, la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo impuso un embargo a Estados Unidos. La decisión llegó después de que el presidente Richard Nixon pidiera al Congreso ayuda de emergencia para Israel durante la guerra de Yom Kipur.
A 53 años de aquella fecha, el ensayo de Federal Reserve History permite mirar más allá de las filas en las gasolineras: el episodio obligó a replantear qué puede hacer un banco central cuando la energía se encarece y la economía se debilita al mismo tiempo.
Un barril casi cuatro veces más caro
El embargo cortó las importaciones estadounidenses procedentes de los países participantes y estuvo acompañado de recortes de producción. El barril pasó de unos US$ 2,90 antes de la medida a US$ 11,65 en enero de 1974, casi cuatro veces más. La restricción terminó oficialmente en marzo de ese año, pero los precios elevados persistieron. El efecto fue más largo que la propia prohibición de vender crudo.
El petróleo no era un gasto aislado de los automovilistas. Formaba parte del transporte de bienes, del funcionamiento de fábricas y de numerosos procesos productivos. Cuando su precio saltó, las empresas enfrentaron costos mayores y los hogares perdieron poder de compra.
Estados Unidos, además, tenía poca capacidad petrolera ociosa para reemplazar de inmediato el suministro perdido. La dependencia del crudo exterior ampliaba el impacto de las restricciones, mientras el mercado internacional daba a los productores árabes una influencia creciente.
El embargo convirtió una decisión geopolítica en un problema cotidiano para consumidores, empresas y responsables de política económica.
La inflación no empezó con el embargo
La inflación ya preocupaba antes de octubre de 1973. Los precios de materias primas industriales venían subiendo, la economía operaba cerca de su capacidad y el dólar se había debilitado tras el fin del sistema de Bretton Woods. Por eso sería incorrecto atribuir toda la inflación de los años setenta a una sola decisión petrolera: el shock encontró un terreno que ya estaba tensionado.
El presidente de la Reserva Federal, Arthur Burns, enfrentó una disyuntiva difícil. Si la autoridad monetaria elevaba demasiado las tasas para frenar las subidas de precios, podía profundizar la desaceleración. Si las mantenía demasiado bajas para proteger el empleo y la actividad, corría el riesgo de alimentar una inflación más persistente. El petróleo encarecido empujaba los precios hacia arriba al mismo tiempo que frenaba la producción.
En aquella época, muchos responsables consideraban que la inflación causada por costos de producción quedaba fuera del alcance de la política monetaria. Con el tiempo, los economistas reconocieron que el banco central sí puede influir en cuánto se prolongan esos efectos, aunque no puede fabricar barriles ni eliminar de golpe la pérdida de ingreso que provoca una escasez de energía.
El dilema que heredaron los bancos centrales
Esa limitación explica por qué el episodio sigue siendo útil para entender los shocks de oferta. No existe una medida de tasas que borre simultáneamente el aumento inicial del petróleo y la caída de actividad. La política debe decidir cómo repartir los riesgos entre inflación y crecimiento, mientras gobiernos y empresas buscan ajustar el suministro y reducir vulnerabilidades.
El aniversario no anticipa una repetición mecánica de 1973. Las fuentes de energía, las instituciones y los mercados han cambiado. Lo que permanece es la lección de método: antes de culpar a una sola causa o prometer una solución rápida, conviene distinguir el golpe externo de los desequilibrios previos y examinar cómo la respuesta económica puede aliviar un problema sin agravar otro.
