Algunas de las mayores fortunas de China están deshaciendo fideicomisos en el exterior, vendiendo acciones y buscando liquidez ante un plazo fiscal que vence el 22 de octubre. Según testimonios de asesores patrimoniales, abogados y banqueros recabados por Reuters, las autoridades exigen declarar ingresos de estas estructuras y aplicarían un impuesto del 20% a las ganancias.
La presión llega cuando la economía china mantiene una demanda interna débil y las autoridades examinan con más atención los flujos de capital. Para familias empresarias con sociedades cotizadas fuera del país, la cuestión es cuánto deberían pagar y cómo obtener efectivo sin vender activos de manera precipitada.
Una factura potencialmente elevada
La instrucción comunicada a finales de julio dio a los titulares de rentas procedentes de fideicomisos offshore hasta el 22 de octubre para presentar sus cálculos. Los asesores consultados describen un trabajo complejo para reconstruir operaciones realizadas durante años, incluidas ventas de participaciones y dividendos canalizados por esas estructuras.
Algunos fundadores de empresas listadas en Hong Kong o Estados Unidos podrían figurar entre los más afectados, porque transfirieron acciones a fideicomisos cuando las valoraciones eran más altas. Un asesor calcula que ciertas obligaciones podrían alcanzar cientos de millones de yuanes, aunque dependen de cada caso y no son liquidaciones públicas verificadas.
La riqueza china situada fuera del país se estima en torno a US$ 1,7 billones, de acuerdo con Boston Consulting Group, una cifra que describe un universo amplio y no el importe sujeto automáticamente a este tributo. En paralelo, oficinas familiares revisan posiciones bursátiles, mientras bancos estudian créditos respaldados por acciones para clientes que necesitan cubrir eventuales pagos.
Ventas de activos y dudas legales
La necesidad de efectivo puede producir decisiones difíciles. Un abogado señaló que ciertos clientes no podrían compensar pérdidas recientes en el precio de las acciones con obligaciones tributarias originadas cuando esas participaciones valían más. Si se confirmara ese tratamiento, algunos contribuyentes tendrían que vender una mayor cantidad de activos para afrontar la factura.
El alcance de la norma sigue generando preguntas entre especialistas: no está claro para todos cómo se determina que el interés económico principal de una persona está en China, cuánto tiempo atrás puede revisarse una operación ni qué ingresos concretos quedan incluidos. La aplicación también puede variar según la ciudad y los criterios de cada oficina tributaria.
Esa incertidumbre ha llevado a algunas familias a reorganizar patrimonios o cerrar fideicomisos recién constituidos antes de financiarlos. Otras consideran cambios de residencia o ciudadanía. Ninguna de esas decisiones garantiza por sí sola un resultado fiscal determinado, porque la situación depende de vínculos económicos, fechas y normas aplicables.
El impacto más allá de los millonarios
Las ventas de grandes paquetes accionarios podrían influir en la liquidez de empresas cotizadas y en el apetito por nuevas inversiones. Al mismo tiempo, una recaudación adicional daría recursos al Estado en un momento de tensiones presupuestarias. La escala real de ambos efectos dependerá de cuántos contribuyentes sean alcanzados y de cómo se aplique el régimen.
Las autoridades chinas no explicaron públicamente todos los puntos que preocupan a los asesores. Conviene separar el plazo y la tasa reportados de las estimaciones privadas sobre posibles cobros o ventas, que aún son escenarios.
Lo inmediato es una carrera por calcular rentas, documentar operaciones y reunir dinero antes de que venza el plazo de declaración. Lo estructural es un cambio en el riesgo que perciben los grandes patrimonios al mantener activos fuera de China: la distancia geográfica ya no supone distancia frente al fisco.
