Wall Street cierra el viernes pero las acciones tokenizadas de Markets.xyz operan el sábado y el domingo → Descargá la app.
Espacio patrocinadoLa Casa Blanca busca retirar $810 millones de fondos que el Congreso de Estados Unidos ya había aprobado. El plan, enviado el 25 de septiembre al presidente de la Cámara de Representantes, abarca 11 partidas y reabrió una disputa sobre quién puede decidir si el dinero asignado por ley llega a gastarse.
La administración de Donald Trump recurre a una maniobra conocida como «rescisión de bolsillo»: solicita cancelar partidas cuando el año fiscal está por terminar. Sus críticos sostienen que esa fecha puede permitir que los recursos caduquen antes de que el Congreso complete el plazo previsto para examinar la solicitud.
El gobierno defiende el mecanismo como una herramienta para eliminar gastos que considera innecesarios.
Cómo opera la rescisión de bolsillo
El documento remitido al Congreso enumera recortes propuestos en Salud y Servicios Humanos, Educación, Seguridad Nacional, Vivienda, Justicia y Comercio, además de programas de asistencia internacional. Se trata de una petición de rescisión, no de una ley aprobada por los legisladores. Esta diferencia es central para entender el alcance actual del anuncio.
La Ley de Control de Retenciones Presupuestarias permite al presidente solicitar la anulación de fondos. Mientras el Congreso analiza la propuesta, el Ejecutivo puede retenerlos temporalmente durante hasta 45 días de sesión legislativa continua. Si los legisladores no aprueban una ley de rescisión, los recursos deben quedar disponibles para ser comprometidos según el procedimiento ordinario.
El conflicto aparece cuando la petición llega tan cerca del vencimiento de las partidas que el dinero podría expirar antes de completar ese proceso. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, la GAO, sostiene que la ley no autoriza usar la retención para dejar caducar fondos sin aprobación del Congreso. La Casa Blanca interpreta de otro modo sus facultades y mantiene su solicitud.
Programas de salud, educación y vivienda afectados
La mayor partida señalada asciende a unos $567 millones para programas de reasentamiento y asistencia a refugiados, solicitantes de asilo y otros beneficiarios. También se propone retirar alrededor de $28 millones destinados a investigación en salud y $25 millones de programas especiales para estudiantes migrantes, según las cifras detalladas en el paquete oficial.
El plan incluye otras asignaciones, entre ellas alrededor de $56 millones para asesoramiento sobre vivienda y casi $70 millones para programas de educación internacional y lenguas extranjeras.
En su comunicado, la Casa Blanca presenta estas medidas como un ahorro y cuestiona la utilidad de varios programas. Esos argumentos corresponden a la posición de la administración; el documento no demuestra por sí mismo que todos los fondos sean innecesarios.
La respuesta del Congreso y la disputa legal
La senadora republicana Susan Collins, presidenta de la comisión de asignaciones del Senado, criticó la iniciativa. Según el texto aportado, afirmó que la Oficina de Administración y Presupuesto intenta socavar la facultad constitucional del Congreso para decidir sobre el gasto federal y recordó la posición contraria de la GAO respecto de las rescisiones de bolsillo.
La oposición de Collins es significativa porque la disputa no se limita a la división entre demócratas y republicanos. También afecta al equilibrio de poderes: el Congreso aprueba los presupuestos y el Ejecutivo ejecuta las partidas. Un año antes, la administración Trump había recurrido a una maniobra similar para bloquear $4.900 millones de ayuda exterior, antecedente mencionado en el material recibido.
Por ahora, la cifra de $810 millones describe lo que la Casa Blanca pretende rescindir. El resultado dependerá de la respuesta del Congreso y de cualquier controversia sobre la disponibilidad de los fondos antes de su vencimiento. Presentar el paquete como un recorte definitivamente convalidado ocultaría precisamente la cuestión que hoy enfrenta a legisladores y administración.
