Cuando Abelardo de la Espriella incorporó la promesa de migrar toda la contratación pública colombiana a blockchain para 2030, no estaba abriendo un terreno nuevo. Estaba inscribiendo a Colombia en un experimento que la región lleva casi una década desarrollando, con resultados que conviene observar antes de elevar la expectativa.
El componente, articulado dentro del programa «El Milagro de los Nunca» y bajo el paraguas de campaña «Patria Milagro», forma parte del pilar anticorrupción del presidente electo.
La idea técnica es directa: registrar cada paso del proceso de contratación en una cadena de bloques para que la información ingresada no pueda ser modificada por nadie. Por debajo de esa síntesis política habita una pregunta que ya enfrentaron otros gobiernos latinoamericanos.
El antecedente que pocos recuerdan en Colombia
Colombia no parte de cero. En 2019, la Procuraduría General de la Nación lanzó, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Foro Económico Mundial y la Universidad Nacional de Colombia, un piloto blockchain enfocado en la vigilancia preventiva del Programa de Alimentación Escolar. El desarrollo técnico recayó en el Centro para la Cuarta Revolución Industrial de Medellín, en alianza con el equipo de ViveLab Bogotá.
El programa fue elegido por una razón cuantificable. La Contraloría General de la República había abierto, en dos décadas, 405 procesos de responsabilidad fiscal vinculados a irregularidades en compras del PAE, por más de 131.000 millones de pesos. La cadena de bloques apareció como respuesta técnica a un problema sistémico.
Dos años después, en febrero de 2021, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones publicó la Guía de Referencia para la adopción de proyectos blockchain en entidades públicas, donde la gestión de licitaciones aparece entre los diez casos de uso recomendados. El nuevo gobierno, por tanto, llega a la propuesta con marco normativo, plataforma piloto y diagnóstico ya elaborados.
Qué resuelve la cadena de bloques y qué deja fuera
La función concreta de blockchain en contratación pública es la de un notario digital descentralizado. Una vez ingresada la información a la cadena, modificarla exige consenso de los nodos que la operan, lo que reduce de forma drástica la posibilidad de alteración silenciosa. El registro queda con sello de tiempo, hash criptográfico y trazabilidad pública.
Lo que la tecnología no resuelve es la decisión humana previa al registro. Si un funcionario decide adjudicar a un oferente afín antes de subir el expediente, la cadena registrará esa decisión con la misma fidelidad con que registraría una decisión correcta. La blockchain garantiza la integridad del dato, no la limpieza de la voluntad que lo origina.
Un estudio publicado en diciembre de 2025 en el Boletín Científico INVESTIGIUM, que analizó pilotos comparados en México, Colombia y Chile, lo sintetiza con claridad: la tecnología demostró viabilidad técnica para aumentar la transparencia, pero los beneficios de eficiencia y mayor competencia no se materializaron completamente, y las barreras críticas resultaron ser institucionales, regulatorias y de voluntad política.
Las lecciones de los vecinos
Chile fue el primero en moverse. En julio de 2018, ChileCompra inició un piloto patrocinado por el BID para certificar las órdenes de compra emitidas a través de mercadopublico.cl, replicando exactamente la función del notario virtual descentralizado, sin alterar los procesos administrativos subyacentes.
Perú dio el paso siguiente. A través de Perú Compras y la red regional LACChain, impulsada por el BID Lab, registró en blockchain más de 47.000 órdenes de compra emitidas mediante la plataforma de Catálogos Electrónicos. El propio organismo se presentó como el primer país del mundo en aplicar la tecnología a la contratación estatal a esa escala.
Argentina exploró su propia ruta. La red Blockchain Federal Argentina, de arquitectura abierta y sin criptoactivo nativo, ofrece desde hace años un marco para certificar actos administrativos. Tres países, tres aproximaciones, una constante: ninguna implementación abarcó la totalidad del ciclo contractual, y todas requirieron capa adicional de capacitación, gobernanza y rediseño normativo.
Lo que se decidirá en los primeros meses
La meta 2030 implica decisiones técnicas que aún no figuran en el programa de gobierno. La primera es el tipo de red: una blockchain pública sin permisos ofrece la máxima resistencia a manipulación, pero introduce desafíos de privacidad y costos transaccionales; una red permisionada, como LACChain, ofrece control institucional al precio de centralizar nodos en pocas manos.
La segunda es la interoperabilidad con SECOP II, plataforma que en 2024 costó más de 25.000 millones de pesos solo en operación y enfrenta una transición ya en marcha hacia un Nuevo SECOP que incorpora inteligencia artificial pero no menciona blockchain en su diseño actual.
El gobierno electo asume el 7 de agosto. Los primeros seis meses servirán para distinguir lo que es marca política de lo que es arquitectura técnica. La cadena de bloques no es un atajo contra la corrupción. Es una herramienta cuya utilidad depende, paradójicamente, de la calidad de las instituciones que la implementen.
