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Las negociaciones sobre la estructura del mercado de criptomonedas en Estados Unidos parecen alcanzar una etapa decisiva esta semana. Los senadores Angela Alsobrooks y Thom Tillis lideran los esfuerzos para resolver el conflicto sobre el rendimiento de las stablecoins, el principal obstáculo para la aprobación de la Ley Clarity, la pieza legislativa más ambiciosa del sector.
El núcleo de la disputa reside en cómo diferenciar los rendimientos financieros de los incentivos tecnológicos. Actualmente, la Ley GENIUS prohíbe a los emisores pagar intereses directos, pero no impide que plataformas como Coinbase ofrezcan recompensas. Entretanto, el sector bancario tradicional se opone firmemente a esta posibilidad, temiendo una fuga masiva de depósitos hacia el ecosistema digital.
Para las instituciones bancarias, permitir estos retornos podría debilitar a los bancos comunitarios y afectar los préstamos locales. Por el contrario, las firmas de criptomonedas sostienen que restringir estos incentivos sofocaría la innovación tecnológica en el país. El compromiso actual buscaría prohibir los rendimientos pasivos similares a los bancarios, permitiendo solo aquellos vinculados a transacciones reales, según reportó TheBlock.
A pesar de los avances, la programación de la votación en el Comité Bancario del Senado sigue siendo incierta para este mes de abril. La presión aumenta a medida que el tiempo legislativo disponible se agota antes del receso de verano. Algunos senadores advierten que, si no se alcanza un acuerdo en mayo, la ley podría quedar estancada indefinidamente y el asunto del rendimiento de las stablecoins quedaría en un limbo.
Las nuevas batallas de las stablecoins: ética y finanzas ilícitas
Con el acuerdo sobre las stablecoins cada vez más cerca, los negociadores centran ahora su atención en el financiamiento ilícito y la ética. Varios senadores demócratas expresan preocupación por las disposiciones que limitan la responsabilidad de los desarrolladores de software, temiendo que estas medidas debiliten la capacidad de los fiscales para perseguir crímenes financieros en la blockchain.
Asimismo, los posibles conflictos de interés del presidente Donald Trump generan un intenso debate en el Capitolio. Se estima que el mandatario ha obtenido ingresos significativos a través de proyectos como World Liberty Financial y la minería de activos digitales. Además, el lanzamiento de tokens personales ha puesto bajo la lupa la relación entre su cargo y sus negocios privados.
Senadores de la oposición enviaron cartas exigiendo transparencia sobre los beneficios económicos que la familia Trump percibe del sector cripto. La preocupación principal es que las decisiones legislativas puedan favorecer directamente las inversiones personales del presidente, un factor ético que añade una capa de complejidad política a una negociación que ya era técnicamente difícil.
Mientras tanto, la industria presiona para que el proyecto de ley llegue finalmente al despacho presidencial. Los defensores del sector insisten en que la falta de claridad regulatoria está empujando a las empresas hacia otras jurisdicciones internacionales.
La industria a la espera de mayor claridad
El sector de las criptomonedas ha negociado de buena fe durante meses, según fuentes cercanas a las discusiones del Senado consultadas por el citado medio. Sin embargo, el lobby bancario mantiene campañas públicas activas para cerrar lo que denominan el «vacío legal de las stablecoins».
El éxito de la Ley Clarity definiría las competencias entre la SEC y la CFTC sobre los activos digitales, proporcionando a inversores y empresas el marco legal que han reclamado durante años para operar con seguridad. El desenlace de estas complejas negociaciones marcará el futuro de la economía digital en Estados Unidos durante la próxima década.
