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Espacio patrocinadoLos residentes bona fide de Puerto Rico, es decir, los que cuentan con estrictos requisitos de residencia fiscal, gozan de grandes ventajas. En ese sentido, la Ley 60 permite que las personas y empresas con inversiones en criptomonedas gocen de enorme flexibilidad sobre sus ganancias. Básicamente, los impuestos son insignificantes por las ganancias en actividades blockchain.
Esto último ha convertido a la isla en un paraíso fiscal para individuos y empresas estadounidenses que se establecen en el territorio de ultramar. Este hecho llamó la atención de numerosos legisladores demócratas, quienes impulsan un proyecto de ley para una reforma legislativa en esa región, según Bloomberg.
Los congresistas llevan adelante un intenso debate sobre las consecuencias sociales para el estado puertorriqueño ante la avalancha de millonarios. Estos se instalan en zonas exclusivas y las autoridades no gozan de los impuestos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Para tener una idea de los beneficios para los capitales extranjeros en la isla, se destaca que la tasa corporativa es apenas del 4%. Esto es insignificante en comparación con el 21% del territorio continental de EE. UU.
De este modo, los grandes inversores que se establecen en la isla cumpliendo los requisitos de residencia no pagan impuestos por conversión de activos. Puntualmente, las personas que hacen inversiones en criptomonedas no deben pagar mayores impuestos por convertir activos y capitalizar ganancias.
Las inversiones en criptomonedas gozan de 0% de impuestos
Las actividades cripto como la minería digital, staking, lending y otras gozan de la misma tasa corporativa del 4%. Entretanto, los inversores individuales no pagan ningún tipo de impuestos por las ganancias derivadas de sus actividades. Así, la isla se convierte en una plaza ideal para las personas que forman parte de la denominada generación descentralizada o GenD.
Como es de suponer, esto genera enorme ruido entre los congresistas, sobre todo entre los demócratas. Según el Comité Conjunto de Tributación del Congreso de EE. UU. esto provoca enormes pérdidas en fondos no recogidos por parte del gobierno federal. Según estiman, entre 2020 y 2026 la Ley 60 costará al país unos $4.500 millones en impuestos no recaudados.
Según la representante Nydia Velázquez y otros demócratas intentan remediar esto mediante el proyecto de ley Fair Taxation for Digital Assets. Según los legisladores, con esto buscan cerrar un «vacío legal» que permite a los inversores cripto eludir el pago de impuestos federales simplemente mudándose a Puerto Rico.
Si este proyecto se aprueba, los ingresos por actividades en criptomonedas en Puerto Rico estarán sujetos a la misma tributación fiscal federal de EE. UU. La mencionada representante asegura que este proyecto es necesario para que «todos jueguen bajo las mismas reglas».
Con esto, los beneficios fiscales dejarán de favorecer de manera desproporcionada a los inversores adinerados en detrimento de la economía y sociedad de la isla.
La propuesta de las autoridades locales
La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, presentó una contrapropuesta para evitar que los inversores se marchen. En ese sentido, propone una reforma a la Ley 60 con un 4% adicional para los inversores recién instalados en la isla. Asimismo, aspira a que los actuales parámetros de la normativa se extiendan hasta 2055.
Los defensores del actual orden fiscal atraen talento, inversiones y empleo a la isla, lo cual permite el desarrollo del sector tecnológico local. Esto podría posicionar a Puerto Rico como un hub tecnológico y de fintechs de la región.
Pese a ello, el impacto social general es el principal obstáculo. Por ejemplo, obras de infraestructura como carreteras o la reparación del decadente sector de energía de Puerto Rico y otras no cuentan con los fondos suficientes.
