La Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip) publicó una providencia donde regula el envío y recepción de remesas con criptomonedas y anuncia que se creará una plataforma para estas transacciones. El decreto que promulga este reglamento se publicó en el Boletín Oficial No. 41.581 del país, con fecha 7 de febrero de 2019 y fue compartida por la Superintendencia en Twitter.
Según el decreto:
“El remitente de las remesas a las que se hace referencia en este fallo está obligado a pagar una comisión financiera a favor de Sunacrip hasta un monto máximo del 15% calculado sobre el total de la remesa”.
La Sunacrip además establece que quedan sujetas “a esta providencia las personas naturales que tengan la intención de enviar en criptoactivos al territorio de la República Bolivariana de Venezuela, así como las personas naturales receptoras de estas”.
Además, se fija un tope de 10 petros (unos BsS 1.945.348 a su valor actual) para la recepción de remesas y excepcionalmente podrá autorizar hasta 50 petros.
Cabe destacar que las comisiones que impone la SUNACRIP no las cobran ni PayPal, Western Union o banco alguno por sus servicios de envío de dinero y, en el caso de estas empresas, el costo del envío, la comisión, se justifica en el uso de sus infraestructuras propias.
En el caso de la Superintendencia, la comisión es una imposición sin base alguna, pues no prestan ningún servicio: el envío de dinero se hace a través de las redes de criptomonedas y no se necesita a la Superintendencia, una empresa privada, banco o gobierno para hacerlo.
No es desconocido que estos activos digitales son precisamente la herramienta que los venezolanos llevan años usando para proteger sus ahorros y recibir ayuda de sus familiares que han salido del país a consecuencia de la situación económica y social de Venezuela. Así que las bondades de esta tecnología ya han sido más que probadas por los habitantes de este país.
No obstante, a estas nuevas regulaciones, se añaden las medidas publicadas no hace mucho en una edición previa de la Gaceta Oficial, en la que, en términos más claros, se legaliza el decomiso arbitrario de equipos de minería y se transforma en multa legal lo que hasta no hace mucho era extorsión.
Tras estos anuncios, muchas personas se manifestaron por la red social Twitter, catalogando las medidas tomadas como “un marco regulatorio absurdo”. Que en lugar de promover, pretende centralizar el uso de los criptoactivos en Venezuela.
