La Agencia de Servicios Financieros (FSA) de Japón publicó un informe el viernes que contiene una serie de recomendaciones para el sector de las monedas digitales. Entre ellas está el requisito de que las bolsas (exchanges) aumenten el control sobre la propiedad del cliente, incluyendo las claves. La agencia también afirma que los exchanges tienen que tener activos netos iguales a las divisas y fondos de reembolso en caso de ciberataques.
El regulador ha estado trabajando para implementar formas de gestionar las brechas de seguridad en el sector después de dos ataques a dos importantes exchanges japoneses: Coincheck en enero y Zaif en septiembre.
El informe, que se discutió en la 11ª reunión del grupo de estudio de la agencia, contiene recomendaciones de las 10 reuniones anteriores del grupo de estudio. Según los medios de comunicación locales, no había ninguna objeción importante a las medidas propuestas en el informe, por lo que se espera que la FSA elabore regulaciones basadas en su contenido.
La FSA reconoce que la innovación tecnológica cambia rápidamente y ve la importancia de colaborar con organizaciones autorreguladoras acreditadas. En ese sentido, invitaron a los miembros a unirse a la asociación certificada y desarrollar sistemas de acuerdo con su marco regulatorio. Ejemplo de esa convocatoria, es el caso de la Asociación Japonesa de Intercambio Virtual de Divisas (JVCEA) de acreditarse por la FSA para poder hacer cumplir legalmente las normas.
El informe da luz verde a los “distribuidores considerados” como Coincheck, Lastroots y Bitcoinde todos; para que operen como intercambios de criptomonedas, con la salvedad de no poder enlistar monedas adicionales o expandir sus negocios hasta que se registren, además de no poder adquirir nuevos clientes e informar en sus portales sobre el estado de su registro.
Entre otras medidas resaltantes que se describen en el informe están las restricciones a los listados de monedas privadas, las transacciones con derivados y la negociación de márgenes (trading margin).
Además, analizan la regulación de las ICO. Según explican en el informe, las ICO pueden estar sujetas a la regulación de valores y anunciaron estar implementando medidas administrativas. La FSA considera apropiado que las organizaciones de terceros establezcan un marco y examinen los negocios y las situaciones financieras de los emisores de tokens.
Por último, en el informe la FSA habla de aplicar medidas estrictas de fiel cumplimiento para las empresas de custodia de criptomonedas (wallets) como sistema de registro, mantenimiento de un sistema de control interno, la separación de la gestión de las criptomonedas de los intercambios y los clientes, la publicación de políticas de respuesta en caso de incidentes de piratería y la retención de fondos para el reembolso.
Con estas medidas la FSA espera poder salvaguardar los intereses de los clientes en las distintas empresas de criptomonedas como wallets, exchanges y de Ofertas Iniciales de Monedas (ICOs) para evitar la pérdida de patrimonios sin la compensación respectiva por un lado, y por el otro el castigo indeleble de aquellas organizaciones y/o individuos que busquen en el ecosistema cripto un espacio para cometer fraude en el mercado.
Vale destacar que la FSA supervisa el criptomercado del país, y trimestralmente publica datos sobre las consultas respectivas. Según los datos recientes de la FSA, el interés por las criptomonedas ha ido disminuyendo lentamente a lo largo del año.
Parte de esta baja de entusiasmo se debió a los dos hackeos importantes sufridos por el país nipon este año: Coincheck con la pérdida de 523 millones de NEM por un valor aproximado de $ 534 millones y Zaif con $ 59 millones en pérdidas de criptomonedas robadas.
Tras el último ataque, la Asociación Japonesa de Intercambio Virtual de Divisas (JVCEA) anunció que iba a endurecer sus normas estableciendo un límite sobre la cantidad de criptomonedas que pueden ser gestionadas en linea por cualquier bolsa y en octubre, un mes después; la FSA le otorgo el estatus de autorrregulacion para elaborar las políticas contra lavado de dinero (AML), normas para proteger los activos de los clientes y dar directrices de trabajo a los exchanges.
