El Banco Central del Paraguay (BCP) abrió el procedimiento de resolución de ueno bank, el quinto banco privado del país, con el 8,9% de los depósitos y el 5,9% de los créditos del sistema a diciembre de 2025, una decisión que deja a la espera más de 300 millones de dólares del Instituto de Previsión Social (IPS), la caja de la que dependen los jubilados paraguayos.
El directorio votó por unanimidad el 2 de noviembre y lo comunicó de madrugada, después de constatar que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido, a raíz de los ajustes aplicados a sus estados financieros durante el proceso de regularización.
De un capital holgado a la insolvencia
La velocidad del deterioro es el dato que más inquieta, porque en marzo el banco declaraba un ratio de capital total de 15,01%, por encima del 12% obligatorio, y apenas ocho meses después quedó fuera del sistema. Según el propio Carlos Carvallo, presidente del BCP, el análisis de la entidad arrancó el 5 de junio y sus conclusiones terminaron confirmando la resolución.
El marco es la Ley 2.334/03, por la cual la Superintendencia de Bancos designará interventores con el mandato de verificar la situación patrimonial y preservar los activos.
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El dinero de los jubilados
La alarma no surgió esta semana. En octubre, gremios docentes y de asegurados reclamaron al IPS que retirara la totalidad de sus fondos depositados en el banco, estimados en unos 300 millones de dólares, mientras la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay rechazaba ese pedido por considerarlo sin sustento financiero ni legal.
Esos mismos gremios citaban al exdirector del BCP Jorge Schreiner, quien había advertido que, sin el diferimiento de una deuda superior a 300 millones de dólares, el patrimonio real del banco rondaría cero.
Ahora el BCP anunció que el Fondo de Garantía de Depósitos pagará a los ahorristas y que la recuperación de los fondos del seguro social dependerá de una valoración de activos que exige esperar 15 días.
La garantía alcanza 228,3 millones de guaraníes por depositante, unos 38.000 dólares, con un plazo que vence el 17 de noviembre y admite una prórroga de otros 15 días, una cobertura pensada para el pequeño ahorrista y no para una caja previsional que concentra cientos de millones en una sola entidad.
El regulador y su antigua casa
El caso tiene una capa política que lo vuelve excepcional, ya que Carvallo preside el BCP desde agosto de 2023 y antes dirigió la entonces Financiera Ueno, hoy ueno bank, entre junio de 2021 y julio de 2023.
En octubre, el presidente Santiago Peña ratificó que no lo removería, y este martes Carvallo anunció que su renuncia está firmada, aunque explicó que la resolución en curso exige que permanezca en el cargo de manera temporal, después de comunicarla ante la Cámara de Senadores.
Lo que el caso dice más allá de Asunción
ueno bank creció rápido, se volvió dominante en el cobro de haberes previsionales y sumó depósitos públicos mientras el organismo que debía vigilarlo estaba conducido por quien lo había presidido. Ninguna de esas piezas, por sí sola, explica una caída, pero juntas describen el tipo de concentración que convierte un problema contable en una crisis social.
La misma lógica atraviesa la historia reciente de las finanzas digitales, de los bancos de 2008 a los exchanges centralizados que colapsaron en 2022, porque el riesgo nunca estuvo en la tecnología, sino en la custodia opaca de dinero ajeno y en supervisores demasiado cerca de lo supervisado.
En Paraguay, la factura de esa cercanía llega primero a quienes menos margen tienen para esperar quince días.
