Los operativos contra centros de estafa en Madagascar han revelado vínculos con redes que antes actuaban en Camboya y posibles casos de trata de personas. Según AFP, las autoridades investigan instalaciones dedicadas a fraudes románticos, inversiones falsas y engaños con criptomonedas en Antananarivo.
El Ministerio de Justicia malgache informó de 148 ciudadanos chinos extraditados a China. La investigación también plantea una distinción fundamental: entre quienes trabajaban en estos centros podría haber personas captadas mediante falsas ofertas laborales y obligadas después a participar en los fraudes.
Promesas de empleo que terminaban en estafas forzadas
La policía explicó que ciudadanos africanos habían sido reclutados mediante Facebook para supuestos empleos comerciales. Una vez en Madagascar, a muchos les retiraban los pasaportes y los forzaban a estafar. Alrededor de veinte nacionales de Kenia, Ruanda, Uganda y Zimbabue permanecían detenidos, pese a indicios iniciales de posible explotación.
La presencia de trabajadores dentro de una instalación no demuestra, por sí sola, que todos participaran voluntariamente. Identificar quién organizaba el negocio, quién obtenía los beneficios y quién actuaba bajo coacción resulta central para diferenciar responsabilidades y proteger a posibles víctimas de trata.
Una causa conecta Antananarivo con operaciones en el sudeste asiático
El Departamento de Justicia estadounidense presentó el 27 de octubre cargos contra seis personas por un presunto esquema de inversión fraudulenta en NFT dirigido a estadounidenses. La fiscalía sostiene que un grupo con conexiones en Malasia y China abrió centros en Madagascar a comienzos de 2025, probablemente tras trasladar operaciones desde Camboya.
Según la acusación, los participantes utilizaban identidades falsas en sitios de citas para ganar confianza y conducir a las víctimas hacia plataformas de inversión fraudulentas. Los investigadores identificaron aproximadamente 74 billeteras de criptomonedas relacionadas con unas 800 víctimas que reportaron pérdidas.
Chui Kok Wa fue acusado de conspiración para cometer fraude electrónico como presunto dirigente del esquema. Los investigadores describen contratos laborales, horarios adaptados al público estadounidense, incentivos asociados al dinero obtenido y guiones de conversación encontrados en sus teléfonos, elementos que apuntan a una operación organizada.
Washington solicitó la extradición de los seis acusados y señaló dificultades para completar las entrevistas tras la repatriación de otros sospechosos a China.
Cooperación internacional y fondos bloqueados
Un comunicado oficial de septiembre confirmó la participación de un equipo estadounidense en el desmantelamiento de 13 centros y en el procesamiento de más de 3.200 dispositivos electrónicos. Esa cooperación permitió abrir investigaciones a partir de entrevistas y del material recogido.
El mismo anuncio informó del bloqueo de más de US$ 52 millones en criptomonedas vinculadas a Xinbi, una red de servicios para operadores de estafas. Ese importe corresponde a una actuación internacional contra su mercado y proveedores, por lo que no debe interpretarse como dinero incautado exclusivamente en los centros malgaches.
La fiscalía pidió además entrevistar a quince empleados que afirmaron haber sufrido trata y abusos y que, según su información, seguían presos en Madagascar. Los cargos son acusaciones pendientes de resolución judicial; la investigación debe esclarecer tanto las responsabilidades de los organizadores como la situación de quienes pudieron ser explotados.
