El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones por más de US$ 1.210 millones contra Bank of America por fallas en sus controles contra el lavado de dinero y por presuntas infracciones a regímenes de sanciones.
Según el comunicado, FinCEN impuso una multa de US$ 1.200 millones y la Oficina de Control de Activos Extranjeros cerró un acuerdo separado por US$ 11,6 millones. El caso expone deficiencias persistentes.
La autoridad afirma que el banco no informó oportunamente más de US$ 5.000 millones en transacciones sospechosas; más de US$ 1.000 millones correspondían a riesgos considerados prioritarios para la seguridad nacional. El carácter sospechoso de esos movimientos no significa que cada operación haya sido declarada delictiva. La obligación incumplida era detectar, investigar y reportar señales de alerta a tiempo.
Una multa millonaria que no debe sumarse dos veces
La orden de FinCEN aclara un punto importante: los US$ 750 millones que impuso la Oficina del Contralor de la Moneda se acreditan dentro de la sanción de US$ 1.200 millones, por lo que no constituyen un cargo adicional sobre ese monto. El banco abonará US$ 750 millones a ese regulador y US$ 450 millones a FinCEN. El acuerdo de US$ 11,6 millones por sanciones económicas sí es separado.
Bank of America admitió haber violado deliberadamente obligaciones de la Ley de Secreto Bancario: mantener un programa antilavado adecuado, examinar cuentas corresponsales de entidades extranjeras y presentar reportes de actividad sospechosa. Los supervisores sostienen que sus sistemas de vigilancia de transacciones y sus controles de debida diligencia sobre clientes no respondieron de forma eficaz a riesgos conocidos.
Las alertas que quedaron sin respuesta
La investigación describe operaciones que permanecieron demasiado tiempo sin examen y una dependencia excesiva de consultas policiales o avisos de otras instituciones para encontrar movimientos inusuales. Entre las señales identificadas figuran patrones vinculados con redes de lavado de dinero de origen chino, posibles ingresos del narcotráfico y operaciones con conexión a la frontera suroeste de Estados Unidos. Se trata de indicios de riesgo que exigían revisión, no de una atribución automática de delito a todos los clientes implicados.
El banco ya estaba sujeto a una orden de cese y desistimiento emitida en diciembre de 2024 por problemas en sus controles antilavado. La nueva sanción sostiene que las correcciones fueron insuficientes y que continuaron las demoras en la identificación y comunicación de actividades potencialmente sospechosas. Para la Oficina del Contralor de la Moneda, su multa de US$ 750 millones es la mayor que ha aplicado a un banco.
Efecto en resultados y revisión de controles
En declaraciones recogidas por CNBC, la entidad afirmó que ha invertido miles de millones de dólares en cumplimiento y que sus tareas de corrección están avanzadas. También indicó que registrará un cargo no deducible de impuestos de US$ 1.200 millones en los resultados del tercer trimestre, con un impacto estimado de unos 17 centavos por acción en el beneficio neto.
El acuerdo obliga a revisar con un tercero transacciones que pudieron pasar inadvertidas y a someter los programas de monitoreo, conocimiento del cliente y supervisión de cuentas corresponsales a evaluaciones independientes. En paralelo, el arreglo de US$ 11,6 millones aborda aparentes infracciones a sanciones sobre países, narcotráfico y terrorismo, derivadas de fallas técnicas y humanas en el procesamiento de pagos.
El efecto va más allá del importe. Una alerta presentada tarde puede perder utilidad para quienes investigan redes financieras, y los avisos externos no sustituyen la vigilancia del banco. La eficacia de las correcciones se medirá ahora por su capacidad para detectar y examinar riesgos antes de que se acumulen.
