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Espacio patrocinadoHubo una época en que construir un banco mejor significaba, sobre todo, construir mejor tecnología. Esa premisa quedó vieja. El diagnóstico que trazó Camila Santana sobre el estado de la banca digital latinoamericana, en el Blockchain Summit Latam Chile 2026, es más incómodo: el producto ya casi no es el problema.
El verdadero cuello de botella es lograr que modelos de negocio nacidos en la era de las plataformas quepan dentro de marcos regulatorios diseñados para otra época. La próxima ventaja competitiva de las fintech no se jugará en el laboratorio, sino frente al regulador.
Un banco que ya no es un banco
La raíz del conflicto es una mutación de identidad. La entidad financiera moderna dejó de parecerse al banco que hacía pura intermediación entre ahorristas y tomadores de crédito. Hoy es, a la vez, plataforma tecnológica, superapp, proveedor de pagos, actor de activos digitales y socio de un ecosistema de empresas tecnológicas.
Pero la regulación que debe supervisarla sigue pensada para el banco tradicional, el incumbente de siempre. Ahí nace la tensión de fondo, y explicarle a un supervisor acostumbrado a la intermediación clásica que un banco ya no es solo un banco es, quizás, el más difícil de todos los desafíos.
Cuatro frentes a la vez
El licenciamiento bancario digital se juega en cuatro frentes que convergen. El primero es el regulador, o más bien los reguladores: expandirse internacionalmente obliga a dialogar no con una autoridad, sino con muchas -financieras, de protección de datos, de competencia, bancos centrales-, y a explicarles modelos innovadores en un lenguaje que puedan aprobar.
La complejidad crece cuando esas fintech operan con aliados del mundo blockchain que no siempre están regulados ni son conocidos por el supervisor.
El segundo frente es la regulación misma, y su escala abruma: un solo banco debe cumplir cientos de miles de requerimientos y obligaciones. Administrar ese volumen y demostrar cumplimiento ante cada jurisdicción es, antes que un problema jurídico, un problema operativo imposible de resolver sin tecnología.
El tercero es la expansión internacional: gestionar en paralelo una decena de procesos de licenciamiento -no la simple apertura de una sociedad, sino de bancos hiperregulados- exige áreas de cumplimiento capaces de moverse rápido con apoyo tecnológico.
Y el cuarto es el propio modelo de negocio, cada vez más complejo, que empuja incluso a los equipos de cumplimiento a cuestionar esquemas regulatorios anacrónicos y a incursionar en productos -activos virtuales, servicios sobre aplicaciones- que muchas veces carecen de normas. En ese terreno, las alianzas con grandes jugadores como Nubank, Mercado Libre o Revolut se pactan solo después de que el área de cumplimiento audita sus controles de fraude y de conocimiento del cliente.
«Compliance in a Box» y un marco común para la región
De ese laberinto surge una idea ordenadora, bautizada como «Compliance in a Box»: un proceso de globalización sostenible y eficiente visto desde lo regulatorio.
La lógica es identificar la totalidad de los requerimientos, encontrar los puntos de cohesión entre ellos y traducirlos en soluciones casi homogéneas para todos los países, de modo que los equipos de producto y licenciamiento no tengan que reinventar el cumplimiento en cada mercado. La clave está en hallar lo común antes que lo distinto.
Y lo común, en América Latina, es más de lo que suele suponerse. Al comparar los requerimientos de Colombia, Argentina y Perú, las diferencias resultan menores que las coincidencias: pesan más los puntos compartidos que los de separación.
Esa constatación abre una puerta ambiciosa -un marco normativo digital integrado a escala regional- y explica por qué la industria mira a blockchain no como un fin, sino como una de las herramientas capaces de administrar semejante masa de información regulatoria.
De obstáculo a estrategia
Ninguno de estos retos tiene todavía una solución cerrada; son, más bien, una construcción permanente con los reguladores. Pero el panorama deja pistas claras.
Los sandbox regulatorios, subutilizados en la región pese a las experiencias de Colombia y Brasil -Chile aún no tiene uno, concentrado como está en las finanzas abiertas-, permiten cambiar o crear normas dentro de un ambiente de pruebas controlado y podrían acelerar la expansión sin sacrificar la protección del consumidor.
La supervisión, a su vez, tiene que volverse digital: no se puede fiscalizar a un Nubank, un Mercado Libre o un Revolut con la misma metodología que a un Santander o un BBVA.
En el centro de todo, la protección al consumidor, que -como recuerda quien pasó por la Superintendencia Financiera de Colombia- sigue siendo la obsesión del regulador. Sin la garantía de que el usuario está resguardado, ninguna innovación -el caso cripto es el ejemplo más espinoso- logra disipar el recelo del supervisor, y esa desconfianza termina pasando factura cuando esos actores buscan relacionarse con la banca.
Y por encima, una oportunidad de negocio que la propia industria todavía no resuelve: no existe hoy una tecnología robusta que gestione de forma cohesionada los requerimientos de cumplimiento, el fraude, el conocimiento del cliente y la protección de datos. Ahí es donde el RegTech deja de ser una promesa y se vuelve estrategia, porque los requerimientos, los reguladores y la supervisión no van a desaparecer; lo único que puede cambiar es la eficiencia con que se los gestiona, sin necesidad de un batallón de abogados.
La próxima ventaja competitiva
Durante años, la industria financiera creyó que la innovación dependía sobre todo de la tecnología. La lectura que emerge aquí es otra: la próxima gran ventaja competitiva pertenecerá a las organizaciones capaces de combinar innovación, cumplimiento normativo y diálogo con los reguladores.
En ese escenario, blockchain, el RegTech y los nuevos modelos digitales no reemplazan a la regulación; la obligan a evolucionar para acompañar a una nueva generación de instituciones financieras.
