Dieciséis billones de dólares sin una arquitectura legal a la altura. Esa es la advertencia que el Fondo Monetario Internacional publicó este martes: los fondos soberanos de inversión se convirtieron en algunos de los actores más poderosos de las finanzas globales, con activos que saltaron desde unos 3 billones de dólares en 2008 hasta superar hoy los 16 billones. Su expansión, sostiene el organismo, no vino acompañada de los marcos jurídicos que semejante escala exige.
El cambio no es solo de tamaño. Estos vehículos nacieron para amortiguar presupuestos públicos y administrar el ahorro intergeneracional; hoy construyen infraestructura, ejecutan política industrial y social, y operan como inversores de peso en capital privado, bienes raíces y tecnología.
La fragmentación geopolítica aceleró la tendencia: cada vez más países buscan mayor autosuficiencia, y estos fondos son la herramienta.
Los riesgos que preocupan al Fondo
El análisis, firmado por Yan Liu, identifica vulnerabilidades concretas. Los mandatos vagos o superpuestos debilitan la rendición de cuentas y afectan el desempeño.
Una gobernanza débil abre la puerta a la malversación, como ya demostraron algunos casos sonados. Y cuando un fondo actúa como autoridad fiscal paralela y comprador de bonos sin un anclaje claro, puede distorsionar el presupuesto público y oscurecer la verdadera deuda del Estado.
El organismo tiene un nombre para ese peligro: tesorerías en la sombra. Fondos que mueven dinero público sin controles institucionales ni supervisión legislativa, expuestos a la influencia política.
Hay además un riesgo transfronterizo poco discutido. Cuando varios fondos se asocian en un mismo proyecto, concentran su exposición: un golpe a uno se vuelve amenaza para todos. Y si las relaciones entre los países socios se deterioran, proteger los activos o salir de la inversión puede volverse muy difícil.
La receta del FMI pasa por el derecho: separación legal de mandatos -el caso nigeriano, con sus fondos de estabilización, generaciones futuras e infraestructura jurídicamente separados, es el ejemplo que cita-, formas legales que sigan al propósito de cada fondo, y autonomía operativa definida por ley.
El organismo también plantea que los Principios de Santiago, la guía internacional creada en 2008 por 26 fondos con su apoyo, necesitan una revisión: fueron diseñados para inversores mayormente pasivos e indexados, y hoy los fondos hacen inversión directa, participaciones no cotizadas y operaciones de capital privado.
Lo que estos fondos ya están comprando
Esa diversificación que el FMI describe tiene un capítulo reciente que el informe no aborda, pero que dimensiona hasta dónde llegó la búsqueda de nuevos activos: varios fondos soberanos ya tomaron posición en Bitcoin.
El caso más visible es Mubadala, el vehículo de Abu Dabi que administra más de 330.000 millones de dólares. Entró al ETF de Bitcoin de BlackRock a fines de 2024 y sumó en casi todos los trimestres desde entonces: al 31 de marzo declaraba ante la SEC 14,7 millones de participaciones, unos 566 millones de dólares.
Junto a la entidad hermana Al Warda, las posiciones de Abu Dabi superaron los 1.000 millones a fines de 2025. El fondo soberano de Luxemburgo se convirtió en el primero de la eurozona en destinar el 1% de su cartera a ETFs de Bitcoin, y el noruego mantiene exposición indirecta a través de acciones del sector.
El patrón es revelador: ninguno compra el activo directamente. Todos eligen instrumentos regulados y cotizados, y la razón que declaran son las barreras de custodia y de marco normativo. Es la misma lógica que atraviesa todo el informe del FMI, aplicada a un activo nuevo. Cuando el capital más conservador del planeta decide entrar a algo, no pregunta primero por el precio: pregunta por las reglas.
