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La senadora estadounidense Elizabeth Warren, figura clave del Comité Bancario del Senado, respondió oficialmente a las amenazas de demanda por difamación del fundador de Binance, Changpeng «CZ» Zhao.
En una carta obtenida por Punchbowl News, el abogado de Warren, Ben Stafford, aseguró que las afirmaciones de la senadora «son verdaderas en todos los aspectos» y se basan en hechos públicos y ampliamente reportados.
La disputa surgió tras el perdón presidencial concedido por Donald Trump a CZ en octubre, cuando Warren publicó en X que el empresario «se declaró culpable de un cargo criminal por lavado de dinero».
La defensa de CZ, liderada por la abogada Teresa Goody Guillén, calificó esas palabras como difamatorias, argumentando que el ex CEO de Binance solo se declaró culpable de un «cargo regulatorio» por incumplir la Bank Secrecy Act (BSA), sin admitir un delito de lavado de dinero.
La respuesta legal de Warren: precisión y protección del discurso público
En su respuesta, el abogado de Warren puntualizó que Zhao «sí se declaró culpable de una violación criminal de la Bank Secrecy Act, descrita por el Departamento de Justicia como la primera y más completa ley de lucha contra el lavado de dinero del país». Además, subrayó que el término «penalidad regulatoria» no existe en ese contexto legal.
Stafford también recordó que un personaje público como CZ difícilmente podría prosperar en un caso de difamación contra una senadora, ya que debería probar que la declaración fue falsa y emitida con intención deliberada de causar daño. «Incluso si la inmunidad absoluta no aplicara, el estándar de protección a la libertad de expresión es elevado», añadió.
El enfrentamiento, que combina política, regulación y reputación, expone nuevamente la tensión entre Washington y el sector cripto. Para Warren, el caso Binance simboliza los riesgos del perdón presidencial a figuras señaladas por violaciones financieras. Para CZ, en cambio, representa una lucha por limpiar su nombre y frenar lo que considera un uso indebido del poder político para dañar su imagen.
Mientras el conflicto escala en el terreno legal y mediático, el caso podría sentar un precedente clave sobre los límites del discurso público de los legisladores frente a los actores más influyentes del ecosistema cripto.
