Francia dio un paso hacia un cambio relevante para quienes convierten criptomonedas en stablecoins. La Asamblea Nacional aprobó una enmienda al proyecto de presupuesto de 2027 que retiraría el aplazamiento fiscal de determinados intercambios cuando el inversor recibe un token de dinero electrónico.
La votación fue ajustada: 38 diputados a favor y 37 en contra. Según CoinDesk, la iniciativa busca cerrar una vía utilizada para conservar ganancias dentro del ecosistema cripto sin convertirlas antes en euros. Sin embargo, se trata de una propuesta parlamentaria y todavía no de una obligación vigente.
Qué cambiaría en las conversiones a stablecoins
Actualmente, los intercambios entre activos digitales realizados sin pago adicional pueden beneficiarse en Francia de un aplazamiento de la tributación. En términos sencillos, cambiar una criptomoneda por otra no siempre obliga a calcular y declarar una ganancia en ese momento; el impuesto aparece cuando ocurre una operación que sí constituye una cesión imponible, como explica la guía fiscal oficial.
La enmienda I-3898 introduciría una excepción cuando el activo recibido sea un token de dinero electrónico conforme a la definición del reglamento europeo MiCA. Si el texto supera el resto del proceso legislativo, pasar de una criptomoneda a una stablecoin incluida en esa categoría podría generar un hecho imponible aunque el usuario no retire fondos a una cuenta bancaria.
Es importante aclarar que el impuesto del 31,4% que se aplica en Francia a las ganancias obtenidas por particulares con activos digitales no se calcula sobre el valor total de una operación, sino sobre las ganancias sujetas a tributación.
Por ejemplo, vender o intercambiar criptomonedas por 10.000 euros no significa que haya que pagar automáticamente 3.140 euros en impuestos. Primero es necesario calcular cuánto dinero se ganó realmente con la operación y, a partir de ese resultado, determinar el impuesto correspondiente según la normativa fiscal francesa.
El alcance y el cálculo de la ganancia
El alcance dependería de la clasificación jurídica del token recibido. El texto remite a los tokens de dinero electrónico de MiCA, por lo que no conviene presentar la medida como un impuesto nuevo sobre cualquier stablecoin. Esa distinción puede ser decisiva para plataformas e inversores, especialmente si distintos activos mantienen vínculos de valor con monedas fiduciarias pero pertenecen a categorías regulatorias diferentes.
La propuesta también modifica el método de cálculo de la plusvalía: toma como referencia el precio de adquisición de los criptoactivos transmitidos y prevé un promedio ponderado cuando se compraron unidades de la misma clase a precios distintos. Para posiciones adquiridas antes de 2027 establece alternativas transitorias, destinadas a determinar la base de costo con la documentación disponible.
El proyecto fija el 1 de enero de 2027 como fecha de aplicación para las operaciones contempladas. Hasta que la ley presupuestaria termine su recorrido, esa fecha sigue siendo una previsión del texto y puede cambiar junto con el resto de la medida.
Una votación ajustada y un trámite pendiente
La aprobación en la Asamblea fue por un solo voto y ocurrió durante la primera lectura del presupuesto, de modo que la disposición todavía puede modificarse o desaparecer. El Senado y las siguientes etapas del trámite definirán si se conserva la excepción, cómo se redacta finalmente y qué deberán hacer las plataformas para facilitar su cumplimiento.
Para el mercado, la cuestión práctica es cuándo se entiende realizada una ganancia: si la conversión a ciertos tokens deja de estar aplazada, los usuarios necesitarán seguir con mayor precisión el costo de compra y el valor de cada intercambio. También podría influir en la elección de activos para mantener liquidez, aunque cualquier cambio de comportamiento sigue siendo una posibilidad, no un resultado comprobado.
