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Espacio patrocinadoLa actualidad de esta semana muestra un ecosistema que no solo se adapta, sino que expande sus casos de uso a gran escala. Se observan alianzas institucionales que facilitan el acceso a la vivienda, giros en las políticas fiscales de mercados emergentes y nuevas leyes que otorgan al Estado facultades inéditas sobre los activos incautados.
- Coinbase y Fannie Mae lanzan hipotecas respaldadas por criptomonedas.
- Brasil autoriza el uso de cripto fondos recuperados para equipar a la policía.
- Cuba autoriza a las Mipymes el uso de cripto para operaciones internacionales.
- La nueva ley cripto de Rusia: ¿Un marco de legalización diseñado para el aislamiento financiero?
- El Gobierno de Brasil da marcha atrás al impuesto del 3,5%.
Coinbase y Fannie Mae lanzan hipotecas respaldadas por criptomonedas
Los poseedores de criptomonedas ahora pueden utilizar sus activos digitales como garantía para el pago inicial de una vivienda. Esto es posible gracias a que Fannie Mae acepta hipotecas respaldadas por criptomonedas por primera vez, a partir de una alianza entre la compañía hipotecaria Better Home & Finance y el exchange Coinbase.
Los prestatarios pueden ofrecer como garantía Bitcoin o la stablecoin USDC para financiar su pago inicial, lo que les permite mantener sus activos intactos y evitar la generación de un evento gravable al utilizarlos. En el caso de USDC, además, pueden conservar las recompensas asociadas, según indicó Coinbase.
«Finalmente hemos creado la infraestructura necesaria para que cualquier activo tokenizado en Estados Unidos pueda utilizarse como garantía para ayudar a alguien a comprar una vivienda», declaró Vishal Garg, CEO de Better. «Comienza con Bitcoin, comienza con USDC, pero en el futuro podrá incluir acciones de Apple o Amazon, fondos de inversión o bonos cotizados, e incluso activos dentro de cuentas IRA».
Brasil autoriza el uso de cripto fondos recuperados para equipar a la policía
El 24 de marzo de 2026, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó la Ley N.º 15.358, conocida como Marco Legal do Combate ao Crime Organizado, o Ley Anticrimen. Esta normativa otorga a los jueces nuevos poderes para ordenar medidas cautelares sobre bienes muebles e inmuebles, derechos y valores, incluidos los activos digitales o virtuales. Los fondos pueden destinarse a equipamiento policial, capacitación de agentes y operaciones de inteligencia.
Estas medidas se aplican cuando existe evidencia de que los activos son producto del crimen, han sido utilizados en actividades ilícitas o están destinados a fines criminales. No es necesario que los activos se empleen exclusivamente en actividades ilegales para ser objeto de estas acciones.
Los jueces también pueden imponer decomiso extraordinario en casos claros de origen ilícito, incluso sin una condena penal definitiva.
La ley establece además mecanismos de cooperación internacional para rastrear recursos y compartir información con otros países. El gobierno considera que estas herramientas amplían su capacidad para identificar, bloquear y redirigir fondos provenientes de actividades ilícitas.
Cuba autoriza a las Mipymes el uso de cripto para operaciones internacionales
El Banco Central de Cuba (BCC) autorizó a un grupo de entidades nacionales a utilizar criptomonedas en pagos al exterior. Esta medida facilita transacciones internacionales en un contexto de restricciones financieras y abre nuevas oportunidades para la innovación tecnológica en pequeñas y medianas empresas (Mipymes), así como en una empresa mixta.
La resolución, publicada el 23 de marzo en la Gaceta Oficial, indica que nueve Mipymes y una empresa mixta, principalmente del sector tecnológico, reciben una licencia por un año, prorrogable previa solicitud.
- Las transacciones solo podrán ejecutarse a través de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) con licencia del BCC.
- Las empresas solo podrán operar con activos virtuales previamente aprobados por sus proveedores autorizados.
- La autorización se limita exclusivamente a pagos transfronterizos; cualquier otro uso requerirá aprobación adicional.
- Para garantizar la trazabilidad, las entidades deberán presentar informes trimestrales al Banco Central, detallando montos, activos y contrapartes.
La nueva ley cripto de Rusia: ¿un marco de legalización diseñado para el aislamiento financiero?
Un proyecto de ley que regula las transacciones monetarias en Rusia será presentado ante la Duma Estatal en los próximos días. La propuesta contempla restricciones, sanciones y multas, y establece que los exchanges extranjeros no podrán operar en el país sin someterse al control de las autoridades locales.
Aunque se espera que la legislación legalice el uso de activos digitales como Bitcoin y permita su negociación, el acceso al mercado estaría fuertemente limitado y supervisado.
- Se establece un límite anual de inversión de 300.000 rublos (aprox. $3.700) por intermediario.
- Solo los inversores calificados tendrán acceso a una mayor variedad de activos y condiciones operativas más flexibles.
- El proyecto prevé multas de entre 700.000 y 1.000.000 de rublos (aprox. $12.000) para intermediarios que superen los límites con inversores no calificados.
- Además de sanciones administrativas, podrían derivarse responsabilidades penales.
Analistas locales describen este esquema como una estructura que, bajo el marco de la legalidad, restringe la naturaleza abierta de las criptomonedas para transformarlas en un sistema altamente controlado.
El Gobierno de Brasil da marcha atrás al impuesto del 3,5%
Brasil decidió posponer la consulta pública sobre un proyecto que buscaba aplicar impuestos a las criptomonedas. La decisión fue tomada por el ministro de Hacienda, Dario Durigan, pocos días después de asumir el cargo.
El proyecto analizaba gravar determinadas operaciones con activos digitales bajo el esquema del Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), un tributo aplicado habitualmente a operaciones de crédito, cambio y seguros.
Uno de los puntos más debatidos era la reclasificación de las criptomonedas como divisas, lo que habría activado el IOF. Bajo este esquema, las transacciones habrían enfrentado cargas variables: desde un 0,38% para ingresos generales, hasta un 1,1% para transferencias destinadas a inversiones en el extranjero.
El mayor impacto se habría concentrado en remesas y pagos internacionales, donde la alícuota alcanza el 3,5%. Al descartar esta medida, Brasil evita una carga fiscal que habría encarecido significativamente el uso de activos digitales en operaciones transfronterizas, manteniendo un entorno más competitivo para los usuarios.
Me despido con esta frase de Christian Lous Lange: «la tecnología es un siervo útil, pero un amo peligroso».
