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La Casa Blanca vuelve a oficiar de mediadora en el segundo encuentro entre representantes del sector cripto y la banca tradicional. Tras un primer acercamiento que terminó en un estancamiento absoluto, ambas partes regresan a la mesa con un objetivo urgente: destrabar la Ley CLARITY.
Sin embargo, el clima que se vive en Washington dista de ser cordial. Lejos de una instancia de cooperación, el escenario es de confrontación abierta y podría terminar definiendo el rumbo financiero de Estados Unidos. Desde la banca, se despliega todo el peso político e institucional para frenar una regulación que consideran riesgosa para la estabilidad del sistema.
Del otro lado, el sector cripto presiona y acusa a los banqueros de bloquear la innovación y de utilizar su influencia para preservar privilegios históricos. La relación entre ambos sectores está claramente tensionada, mientras las autoridades federales intensifican los esfuerzos para forzar un acuerdo.
Los representantes cripto y de la banca no alcanzaron acuerdos en el primer encuentro
La reunión del pasado lunes dejó un saldo amargo. Aunque el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, describió el diálogo como «productivo» en el marco de la agenda de dominancia tecnológica impulsada por la administración Trump, la dinámica real fue mucho más áspera.
El punto de quiebre sigue siendo el mismo: el tratamiento de las stablecoins. Las asociaciones bancarias, como ABA e ICBA, exigen prohibir que las plataformas cripto ofrezcan rendimientos sobre estos activos, al advertir sobre una posible «fuga masiva de depósitos» que debilite a los bancos tradicionales.
En contraste, las organizaciones cripto, entre ellas Blockchain Association y Digital Chamber, sostienen que vetar los rendimientos constituye una medida anticompetitiva que limitaría la adopción y el desarrollo del sector dentro de EE.UU.
El nuevo encuentro de este 10 de febrero se presenta como una prueba decisiva. Con el objetivo político de convertir al país en la capital cripto global, la atención se centra ahora en varios ejes clave.
Los puntos que se persiguen
El primer objetivo de la Casa Blanca es alcanzar un consenso mínimo. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, lanzó recientemente una advertencia directa al criticar a los «actores recalcitrantes», en una referencia que muchos interpretaron como un mensaje hacia el CEO de Coinbase, Brian Armstrong.
Desde el Tesoro insisten en que el país necesita claridad legal urgente. En ese marco, se espera que la administración impulse una solución técnica que reduzca los riesgos para la banca sin eliminar por completo el atractivo económico de las stablecoins.
Otro punto sensible son las llamadas cuentas «Skinny» de la Reserva Federal. Esta propuesta plantea otorgar a las fintech un acceso limitado a los sistemas de pago. Para los bancos, se trata de una intromisión peligrosa; para las empresas cripto, de un paso imprescindible hacia una integración real con el sistema financiero.
El tercer factor es el ultimátum del Senado. El Comité Bancario mantiene la ley congelada y, si no surge un esquema de compromiso sobre los rendimientos de las stablecoins, el voto de la Ley CLARITY podría seguir bloqueado. Analistas advierten que este limbo regulatorio aumentaría la incertidumbre y podría impactar negativamente en los mercados.
«Es mejor no tener una ley de criptomonedas que tener una mala ley», afirmó recientemente Brian Armstrong, una postura que choca de frente con la urgencia de la administración Trump, que ve en la CLARITY el cierre de años de cabildeo y la base de su estructura de mercado.
Si los negociadores logran consensuar hoy un marco sobre los rendimientos de las stablecoins, el camino hacia la aprobación en el Senado quedaría allanado. De lo contrario, el clima de tensión podría derivar en un estancamiento prolongado, empujando a las empresas a buscar jurisdicciones extranjeras con reglas más claras y flexibles.
