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La Casa Blanca ha iniciado la revisión de una propuesta del Departamento del Tesoro que permitiría al Servicio de Impuestos Internos (IRS) acceder de forma automática a información sobre criptomonedas de contribuyentes estadounidenses mantenidas en plataformas extranjeras.
El objetivo es alinear a EE.UU. con el Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), el estándar de la OCDE para el intercambio internacional de datos sobre activos digitales, y reforzar la capacidad del fisco para combatir la evasión fiscal a través de carteras y exchanges offshore.
Revisión de la propuesta fiscal y conexión con el marco CARF
La propuesta, enviada recientemente a la Casa Blanca por el Tesoro, plantea que Estados Unidos se adhiera al CARF, un acuerdo multilateral que obliga a los países participantes a compartir de manera automática información sobre cuentas de criptoactivos de no residentes.
En la práctica, la adhesión permitiría al IRS recibir datos periódicos sobre saldos y movimientos de criptoactivos de ciudadanos estadounidenses en intermediarios situados en jurisdicciones que hayan adoptado el estándar, complementando los esquemas existentes de intercambio de información financiera tradicional.
La propuesta se sustenta en recomendaciones formuladas en informes recientes de la administración, donde se instaba a reforzar el reporte de activos digitales en el exterior como parte de una estrategia más amplia de liderazgo en tecnología financiera y reducción de brechas de cumplimiento fiscal.
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Exchanges de criptomonedas bajo presión
Si la norma se aprueba, los exchanges y custodios de activos digitales con sede fuera de EE.UU. que operen bajo el paraguas de CARF deberán identificar adecuadamente a sus clientes estadounidenses, clasificar sus cuentas y reportar información estandarizada sobre saldos, compras, ventas y transferencias relevantes en criptomonedas.
Para estos intermediarios, el cambio implicaría adaptar sus sistemas de cumplimiento y debida diligencia a requisitos comparables a los aplicados por bancos y brókers tradicionales bajo el CRS.
Para los contribuyentes, la consecuencia principal sería una reducción significativa del margen para mantener posiciones en criptoactivos en plataformas extranjeras sin que queden registradas en los canales de información disponibles para el IRS.
Aunque la agencia tributaria ya considera imponibles los ingresos derivados de activos digitales y exige su declaración, el acceso sistemático a datos offshore reforzaría su capacidad para detectar discrepancias entre lo declarado y la actividad real, especialmente en perfiles de alto patrimonio o con operaciones frecuentes en múltiples jurisdicciones.
Equilibrio entre transparencia y competitividad en el mercado
El avance de esta propuesta se produce en un contexto en el que la regulación de criptomonedas en Estados Unidos busca simultáneamente reforzar la supervisión y consolidar al país como polo de innovación.
La ampliación del perímetro de reporte internacional se suma a medidas domésticas, como las nuevas obligaciones de información para intermediarios de activos digitales, y apunta hacia un ecosistema donde la trazabilidad fiscal será estructuralmente más estricta que en la década anterior.
El desafío para el mercado será cómo absorber este incremento de transparencia sin erosionar la competitividad de la infraestructura cripto estadounidense.
Una implementación coordinada del CARF, acompañada de claridad normativa en otras áreas, será determinante para que el refuerzo de la vigilancia internacional no desincentive la localización de capital y talento en Estados Unidos, sino que contribuya a consolidar un marco predecible para la actividad institucional en activos digitales.
