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Los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) están sujetos a una regulación integral por parte de la Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR). Esto se diseñó para la aplicación en los países de la Unión Europea. De tal modo, los servicios de comercio de Bitcoin y otras monedas digitales en países de la UE como España tendrán reglas claras.
Según un reciente reporte del Banco de España, los CASP deben obtener una autorización específica para operar legalmente en el país. Para los cripto comerciantes de esta nación europea, adaptarse a la MiCAR se convierte en un avance de enorme relevancia, dado que permite superar la fragmentación en que se mantenía el cripto comercio.
Hasta ahora, la normativa española sobre criptoactivos era parcial y fragmentada. Las medidas iban desde la inclusión de proveedores de servicios de cambio y custodia de activos virtuales en el registro del Banco de España, hasta la regulación de la publicidad de estos activos por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La implementación de MiCAR a nivel europeo permite a España adelantar su puesta en marcha para diciembre de 2025 y superar la fragmentación.
De esta manera, la MiCAR para regular servicios en Bitcoin y otras monedas se aplicará en España medio año antes que en el resto de la UE. Esto demuestra la urgencia de las autoridades en aplicar normativas en un sector notablemente activo en la nación ibérica.
El Bitcoin se aproxima a una etapa completamente regulada en España
Un aspecto relevante de MiCAR es la consideración de las fichas de dinero electrónico (EMT) como dinero electrónico. Esto implica que estas fichas caen dentro de la definición de «fondos» de la Directiva PSD2 relativa a servicios de pago. Por lo tanto, algunas actividades que los proveedores de servicios de criptoactivos ofrecen pueden solaparse con servicios de pago regulados bajo PSD2, remarca el citado reporte.
En consecuencia, los CASP que presten servicios que involucren EMT deberán contar, además de la autorización bajo MiCAR, con la correspondiente autorización conforme a PSD2.
Como alternativa, pueden asociarse con un proveedor autorizado bajo PSD2 para la prestación de esos servicios. Aunque pueda considerarse excesivo, esto busca garantizar la seguridad y evitar prácticas como el lavado de dinero y otras.
La regulación MiCAR en España también destaca por asignar la supervisión principal a la CNMV para la mayoría de las criptomonedas. Mientras tanto, la supervisión de emisores de fichas de dinero electrónico y valores respaldados por activos (incluidas las stablecoins) recae en el Banco de España.
Esta distribución de competencias refuerza el marco de supervisión y dota de mayor claridad a las entidades y usuarios que operan con Bitcoin y otros criptoactivos en España. Como ya se mencionó, a partir de diciembre esta directiva estará vigente en esta nación. Asimismo, en pocos meses se implementarán marcos similares en el resto de las naciones de la UE.
