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Espacio patrocinadoEn el estado de Arkansas se aprobó recientemente una ley que protege de manera enorme la industria minera en esa jurisdicción. Sin embargo, la polémica ley del «derecho a minar» (ley 851) está incomodando a un importante número de personas de influencia. En ese sentido, la minería de Bitcoin es ahora el principal foco de polémica en ese estado.
Algunos residentes y políticos locales denuncian que la industria produce contaminación sónica. Además, consideran que la red eléctrica está en tensión como consecuencia del enorme flujo de nuevas granjas que se instalaron. Por otra parte, llegan al extremo de calificar el negocio como algo peligroso para la seguridad nacional, contando los lazos que se crean con China.
No debe perderse de vista que las máquinas mineras o ASIC son producidas principalmente por empresas de China. De allí que operar esos equipos dentro de Estados Unidos es visto como una forma de financiar el crecimiento tecnológico del país comunista. Con todos estos elementos, los detractores de la ley preparan para el ataque.
La minería de Bitcoin genera incomodidad en Arkansas
Algunas de las denuncias de los detractores de la ley son válidas. Por ejemplo, es conocido que la minería de Bitcoin es altamente ruidosa por las mismas características de los equipos mineros. Los ventiladores de las máquinas trabajan con notable fuerza para mantener la temperatura de las tarjetas en un rango estable.
En términos de decibeles, el ruido es fuerte para el oído humano. Este asunto empeora si se cuenta que los hardawares están encendidos durante las 24 horas del día sin una sola jornada de pausa. En cuanto al consumo eléctrico, el proceso también es fuertemente exigente de energía. Sin embargo, se desconoce si esto realmente pone en tensión la red de todo el estado.
Algunos políticos locales salieron recientemente en defensa de la ley del «derecho a minar» y calificaron las denuncias como prejuicios contra la industria. Uno de ellos es el senador republicano, Joshua Bryant. Este resalta que los mineros son residentes de Arkansas que invirtieron su dinero en la infraestructura del estado. Con esto ayudaron a estabilizar los costos de los servicios públicos y apoyan la economía local.
De cualquier manera, el político considera que la minería de Bitcoin es un negocio a la par con otros centros de datos. En ese sentido, al tratar ambos negocios con las mismas consideraciones, esto permite a los gobiernos locales el derecho de emitir ordenanzas.
Los detractores al ataque
Pero la fuerza de ley que tiene el derecho a la minería de Bitcoin parece no frenar el impulso de los detractores del negocio. En consecuencia, numerosos condados piden que en agosto se adopten nuevas ordenanzas que limiten lo que ellos califican como «crecimiento descontrolado». Desde que se aprobara la ley el 14 de abril de este año, un gran número de nuevas granjas mineras surgieron en la jurisdicción.
De acuerdo a medios regionales, los gobiernos locales del estado, los cuales se manifiestan de manos atadas, quieren tomar medidas. De tal modo, para agosto desean tomar acciones de emergencia para controlar el ruido que generan los centros de datos. «No tengo ningún problema con la minería de criptomonedas, sino solamente con el nivel del ruido, es una falta de atención con nuestros vecinos», expresó el juez de paz del condado de Faulker, Kris Kendrick.
Pero los detractores se enfrentan a un gran obstáculo y es el apoyo de los legisladores al negocio minero. De hecho, la ley prohíbe cualquier medida de los gobiernos locales de los condados contra las empresas mineras. Por ejemplo, no pueden limitar la capacidad de las granjas ni tampoco pueden emitir normas prohibitivas relacionadas con el ruido.
En medio de todo este asunto también juega fuerte la actual fragmentación política dentro de Estados Unidos entre republicanos y demócratas. En todo caso, la minería de Bitcoin es el epicentro de una aguda pelea que los legisladores vieron venir y por eso crearon la ley del «derecho a minar».
