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El pasado domingo, el gobernador de Bali, Indonesia, Wayan Koster, amenazó con serias penalizaciones a los turistas que visitan la isla. En una rueda de prensa, el mandatario regional recordó que el uso de criptomonedas para hacer pagos y compras está firmemente prohibido en el país. Dijo que actuará con fuertes medidas de castigo.
En ese país, el comercio con monedas digitales está permitido en tanto sea una actividad especulativa como el trading. Sin embargo, para operaciones de intercambio de bienes y servicios está totalmente prohibido. Para las autoridades, el único medio de pago legal es la moneda nacional, la rupia indonesia.
De tal manera, cualquier turista que sea sorprendido pagando por algún servicio con monedas digitales podría ser deportado de inmediato. Otro de los castigos para los infractores sería la detención por parte de las autoridades. La amenaza del gobernante generó preocupación de inmediato entre los turistas y los simpatizantes del sector cripto. La isla recibe generalmente visitas de entusiastas de esos activos.
El uso de criptomonedas para pagos es un crimen en Indonesia
En cualquier parte del mundo, el uso de criptomonedas, aunque no legal, es pasado por alto por las autoridades. Pero existen excepciones en las que las autoridades son profundamente hostiles e Indonesia es uno de esos lugares. Esto último se lleva al extremo en la provincia de Bali.
Pero las amenazas de Koster no son una novedad, teniendo en cuenta que las propias autoridades nacionales son hostiles a los activos cripto. En consecuencia, el banco central del país prohibió terminantemente la utilización de monedas digitales como medio de pago.
Pero la advertencia del gobernador va más allá de las normas aplicadas por las autoridades contra los locales. De hecho, el mandatario advierte incluso a los ciudadanos de otros países que podrían ser llevados a la cárcel por violar esa disposición. «El uso de criptomonedas como medio de pago se tratará con firmeza«, expresó el mandatario provincial. Seguidamente, confirmó que «las acciones estrictas van desde la deportación, sanciones administrativas, sanciones penales, cierre de locales comerciales y otras sanciones duras«.
En la declaración a los medios, el gobernador estuvo acompañado por el jefe policial de la provincia y por un representante del banco central. Este último funcionario, Trisno Nugroho, recalcó que el trading con criptomonedas es legal, pero no el uso como medio de pago.
Las multas por pagos con monedas digitales pueden alcanzar los 2 millones de rupias indonesias, lo que equivale a unos $13.000 dólares estadounidenses.
El impacto de estas políticas sobre el turismo
La política dura de las autoridades contra las criptomonedas podría convertirse en una seria amenaza para la economía de Bali. Buena parte de la misma se sostiene sobre las bases del turismo. De tal modo, una represión intransigente contra estos activos puede ahuyentar a los turistas con resultados muy negativos para la provincia.
En otras palabras, si los turistas se sienten amenazados con multas y persecución, sencillamente decidirán no viajar a Bali. Existen muchos lugares en la región de Asia y el Pacífico que estarían dispuestos a recibir a esos viajeros y permitirles comerciar con monedas virtuales.
Según los medios locales, en Bali existen numerosos sitios que aceptan tokens como forma de pago. Entre estos se incluyen retiros de meditación, negocios de alquiler de motos y un café para entusiastas de las monedas virtuales.
No es la primera vez que el gobernador de Bali se gana el desprecio de los turistas. En diciembre del año pasado, se aprobó el Código Criminal de Indonesia, según el cual se prohibían las relaciones sexuales entre personas no unidas por matrimonio. De inmediato se corrió el rumor de que la ley también se aplicaría a turistas. Sin embargo, el propio Koster desmintió posteriormente ese rumor.
De cualquier manera, lo que sí queda estrictamente prohibido es el uso de criptomonedas para pagar por bienes o servicios. Algunos críticos, citados en CoinTelegraph, criticaron la medida y dijeron que una forma del gobernador de perjudicar en tanto está a pocos meses de concluir su mandato.
