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Cada vez que ocurre un rally en el mercado criptográfico, los reguladores se disponen a advertir nuevamente sobre los riesgos que estas pueden traer. Aunque en estos momentos se ha visto una caída del mercado, la corrida alcista de hace unos días no pasó desapercibida y, en debido a ella, los reguladores hicieron su advertencia asegurando que con la subida de los precios también aumenta la cantidad de estafas en el universo del cifrado.
El director de cumplimiento de la Junta de Valores del Estado de Texas, Joe Rotunda, declaró que esta situación «es lamentable e inevitable», ya que «los malos actores tienden a seguir las noticias y las cosas que atraen la atención del público”.
Es por ello que al percatarse que el mercado empieza a subir y hay un mayor interés general por las criptomonedas, los delincuentes cibernéticos aprovechan la oportunidad para lanar aún más estafas y robar información o fondos a quienes caigan en ellas.
La Junta de Valores, en un intento por mitigar estos riesgos, comenzó lo que se espera sea una barrida regulatoria de cuatro semanas de ofertas de inversión relacionadas con criptografía en el estado. Este movimiento se basa en una iniciativa similar que tomó en diciembre de 2017, cuando Bitcoin (BTC) se elevó a su precio máximo histórico de más de 20.000 dólares.
Desde ese momento no ha alcanzado nuevamente niveles similares; de hecho tuvo que enfrentarse a un mercado bajista prolongado de casi un año. Sin embargo, hace unos días ocurrió un rally alcista donde el precio de BTC se recuperó considerablemente, lo que renovó el entusiasmo entre los miembros de la comunidad criptográfica.
Sin embargo, Rotunda también aseguró que un aumento en las estafas de inversión, sin duda, sería otro de los subproductos del renovado entusiasmo hacia las monedas digitales. Cuando dio su opinión sobre la proliferación de estos fraudes, aseguró que:
«Absolutamente, habrá más (…) Es difícil, porque hay muchas empresas legítimas que tratan con esta nueva tecnología».
Al identificar problemas como las estafas, el deber de los reguladores es implantar medidas que sean capaces de proteger el sistema financiero. Sin embargo, en muchas ocasiones esas normas sólo debilitan la industria, impidiendo su correcto desarrollo.
