La Fiscalía General de la República (FGR) en México, está investigando dos presuntos casos de lavado de dinero donde los grupos delictivos habrían utilizado las criptomonedas para lograr sus objetivos.
Por el momento, se está investigando si los grupos realmente convirtieron grandes cantidades de dinero en monedas digitales, para ocultar el origen de los fondos obtenidos (que normalmente provienen de otras actividades ilícitas).
Las indagaciones están a cargo de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas, grupo liderado por Marcos Arturo Rosales García.
De acuerdo con la información suministrada por la Unidad, “los indicios surgieron cuando entidades financieras que operan en plataformas tecnológicas detectaron en México la compra masiva de Bitcoins, la criptomoneda de mayor circulación en el mundo, por lo que dieron aviso a la FGR; esta última inició dos carpetas de investigación por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Específicamente Rosales García, declaró sobre el caso que:
“Estas criptomonedas, al permitirte hacer movimientos internacionales de manera tan sencilla, te pueden dar la capacidad de hacer el lavado de dinero sacando recursos de un país a otro, y llevándolo a otro lugar donde ya viene limpio, lo incorporas al sistema financiero y lo puedes sacar sin ningún problema”.
Para realizar una investigación más eficiente, se solicitó la colaboración de empresas que trabajen con el intercambio de Bitcoins, así como del Banco de México. También cuentan con el apoyo del FBI (Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos), que previamente había entrenado a un personal para estos casos.
Pero, a pesar de toda la colaboración, el caso sigue siendo bastante complicado, en especial por el manejo de la evidencia.
Otra complicación, de acuerdo con Rosales García, es que en el país no existe ningún Ministerio Público (MP) especializado en delitos cibernéticos.
“Los agentes del MP son licenciados en Derecho, no son ingenieros. Y comprender los algoritmos matemáticos asociados a criptomonedas, el uso de VPN y proxys, la dark web, la temporalidad de la información, son asuntos que se vuelven complejos y nuestra tarea es traducirlo de tal forma que para el agente del MP se vuelva digerible, y lo pueda vaciar en una carpeta de investigación”.
