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Espacio patrocinadoEl ecosistema cripto acaba de marcar un hito particularmente llamativo en términos de comercio. Según un informe publicado este jueves por Chainalysis, el volumen total de transacciones ilícitas en la blockchain alcanzó un récord de $154.000 millones durante 2025. Esta cifra es casi ocho veces mayor que la registrada el año anterior.
Lo llamativo es que detrás de este crecimiento explosivo no aparecen únicamente hackers aislados o estafadores individuales, sino también actores estatales. El reporte señala a Rusia, Irán y Corea del Norte como los principales impulsores de esta escalada. Los gobiernos de estos países estarían utilizando criptomonedas como herramientas para evadir sanciones impuestas por Estados Unidos y otras economías occidentales.
En ese sentido, las entidades sancionadas recibieron al menos $104.000 millones en activos digitales. Esta cifra evidencia cómo algunos regímenes sometidos a bloqueos financieros están integrando la tecnología blockchain en sus estrategias nacionales para sortear el sistema bancario tradicional.
En un contexto donde la guerra en Ucrania, las tensiones en Oriente Medio y la presión internacional sobre Corea del Norte continúan, el informe de Chainalysis resulta especialmente revelador.
El documento sugiere que las criptomonedas se han convertido en un nuevo campo de competencia financiera global. Al tratarse de redes abiertas y neutrales, estos activos digitales no responden a ideologías, sino que funcionan como herramientas tecnológicas capaces de cumplir distintos propósitos según quién las utilice.
En este caso, el comercio cripto cumple el rol de canal alternativo para transferir valor más allá del sistema financiero tradicional, independientemente del actor político que lo emplee.
El token A7A5 como puente hacia el comercio cripto internacional
El caso más llamativo del informe es el de A7A5, una stablecoin vinculada al rublo y registrada en Kirguistán. Según Chainalysis, este token procesó $93.300 millones en transacciones en menos de un año. La moneda estaría funcionando como un riel de liquidación para que empresas rusas sancionadas puedan realizar comercio transfronterizo.
La mecánica es compleja. El token está vinculado a los exchanges Grinex y Meer, que manejaron miles de millones en operaciones antes de ser sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea. Pero el elemento más relevante es el servicio A7A5 Instant Swapper, que permite convertir el token en stablecoins ampliamente utilizadas y vinculadas al dólar con controles KYC mínimos o inexistentes.
Este servicio habría procesado más de $2.200 millones, actuando como puente hacia la economía cripto global para entidades sujetas a sanciones.
Oleg Ogienko, director de asuntos regulatorios de A7A5, defendió la operativa en declaraciones a CoinDesk:
«Estas declaraciones de Chainalysis no son nuevas para nosotros. Tienen motivaciones políticas de los países occidentales. Proporcionamos principalmente rieles de pago para operaciones de exportación e importación rusas. Es absolutamente legal y cumple con la legislación de Rusia, Kirguistán y otros socios comerciales».
El ejecutivo aseguró que A7A5 cuenta con controles KYC y AML, y que la stablecoin no aparece mencionada en ningún informe del GAFI. Sin embargo, los datos presentados por Chainalysis sugieren que el token se ha convertido en una pieza clave dentro de las redes utilizadas para la evasión de sanciones.
Las stablecoins como protagonistas del criptocrimen
El informe de Chainalysis también revela un cambio significativo en la naturaleza del criptocrimen. Las stablecoins representan ahora aproximadamente el 84% del volumen de transacciones ilícitas. Esto marca un giro notable respecto a años anteriores, cuando Bitcoin dominaba ampliamente ese segmento.
Los actores sancionados necesitan activos líquidos, relativamente estables y con paridad al dólar para mover valor a través de las fronteras. Las stablecoins ofrecen precisamente esas características, lo que explica su creciente adopción en contextos donde existen restricciones financieras internacionales.
El informe citado dibuja así un panorama complejo. Mientras los reguladores occidentales avanzan en marcos legales como la Ley GENIUS para regular las stablecoins, algunos actores estatales ya han encontrado formas de utilizar estas infraestructuras digitales para sortear sanciones financieras internacionales.
