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Espacio patrocinadoArizona acaba de dar un nuevo paso que busca redefinir la relación entre los gobiernos estatales y los activos digitales. En medio de un mercado bajista en el que Bitcoin ha perdido más del 40% desde octubre de 2025, los legisladores locales optan por una mirada de largo plazo y retoman el impulso de una reserva estratégica de criptomonedas.
El Senado de Arizona avanzó esta semana con el proyecto de ley SB 1649, que ordena la creación de un «Fondo Estratégico de Reserva de Activos Digitales».
Este fondo se alimentaría exclusivamente con criptomonedas incautadas, confiscadas o entregadas al estado. La iniciativa, impulsada por el senador Mark Finchem, no solo contempla a Bitcoin, sino que también abre la puerta a activos como XRP, Digibyte, stablecoins e incluso tokens no fungibles (NFT).
En un contexto en el que el pesimismo domina gran parte de la narrativa del mercado cripto, la iniciativa de Arizona contrasta con la visión bajista predominante. Si los gobiernos comienzan a acumular activos digitales, la demanda institucional y pública podría fortalecerse, alterando el equilibrio del mercado en el largo plazo.
Sin embargo, la iniciativa de crear una reserva estratégica de criptomonedas en este estado estadounidense enfrenta obstáculos políticos relevantes. En diversas ocasiones, propuestas similares han sido rechazadas por la gobernadora Katie Hobbs, como se detalla más adelante.
¿Cómo funcionará esta reserva estratégica de criptomonedas?
La SB 1649 superó este martes el Comité de Reglas del Senado sin objeciones y con respaldo republicano, luego de haber recibido la semana pasada la aprobación del Comité de Finanzas por un voto ajustado. El proyecto se dirige ahora a una votación en el pleno del Senado.
Si la propuesta se aprueba, el tesorero estatal tendría la autoridad para administrar el fondo. Esto incluiría la posibilidad de invertir la totalidad de las tenencias en cualquier año fiscal e incluso prestar los activos digitales para generar rendimientos adicionales, siempre que la operación «no aumente los riesgos financieros para el estado».
Los activos de esta reserva estratégica de criptomonedas serían custodiados mediante bancos federales o estatales, compañías fiduciarias o instituciones de depósito de propósito especial. También se permitiría la exposición mediante productos cotizados en bolsa (ETF) aprobados por la SEC, la CFTC o el departamento financiero de Arizona.
Algunas características de esta propuesta
Uno de los elementos más particulares del proyecto es la forma en que define qué activos pueden formar parte del fondo. La SB 1649 establece un umbral basado en el «puntaje de valor razonable de criptomonedas», fijado en al menos el 1% del denominado «estándar de referencia del oro digital».
Ese estándar, según la propia legislación, se activa cuando el precio de mercado de Bitcoin alcanza los $100.000 por unidad. Una vez superado ese nivel histórico, el marco legislativo considera que el ecosistema ha alcanzado suficiente madurez para permitir la inclusión de otros activos digitales.
Entre los activos mencionados explícitamente como elegibles se encuentran Bitcoin, Digibyte, XRP, stablecoins y NFT. Esta amplitud de criterios posiciona a Arizona como un posible laboratorio para la diversificación de reservas estatales en activos digitales.
Los temores por un posible veto de la gobernadora Hobbs
A pesar del entusiasmo en el Senado, el recorrido legislativo de la SB 1649 podría enfrentar nuevos obstáculos. Arizona ha sido uno de los estados más activos en materia de legislación cripto, pero también uno de los más frustrados en términos de aprobación final.
La gobernadora Katie Hobbs ha ejercido su poder de veto en múltiples ocasiones contra iniciativas relacionadas con criptomonedas.
Durante la sesión legislativa de 2025, Hobbs rechazó la SB 1373, predecesora directa de la propuesta actual. En ese momento argumentó que «la volatilidad actual en los mercados de criptomonedas no encaja con los fondos generales del estado».
También vetó la SB 1025, conocida como «Ley de Reserva Estratégica de Bitcoin de Arizona», que habría permitido asignar hasta el 10% de los fondos estatales a Bitcoin. A esta lista se suma la SB 1024, que proponía habilitar el pago de impuestos mediante criptomonedas.
Además, fue rechazada la propuesta 2324, que planteaba la creación de otro fondo de reserva financiado con activos decomisados, bajo el argumento de que «desincentivaba a las fuerzas locales al retirar activos de sus jurisdicciones».
La viabilidad de la SB 1649 dependerá en gran medida de si su estructura, basada únicamente en criptomonedas incautadas y no en fondos públicos, logra superar las objeciones que motivaron vetos anteriores.
