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Espacio patrocinadoDesde el 1 de enero de 2026, el marco de informes criptográficos CARF, desarrollado por la OCDE, entró en vigor y comenzó a aplicarse en 48 jurisdicciones, entre ellas la Unión Europea y el Reino Unido.
Este nuevo estándar representa un avance relevante en la coordinación regulatoria internacional, al elevar las exigencias de transparencia y cumplimiento para los proveedores de servicios de criptoactivos.
Además, su implementación busca facilitar el intercambio de información fiscal entre países y reforzar los esfuerzos globales contra el lavado de dinero y la evasión fiscal dentro del ecosistema cripto.
El impacto operativo del marco CARF
En este contexto, el Marco de Información sobre Criptoactivos, conocido como CARF, obligará a las plataformas de intercambio y a otros proveedores de servicios de criptoactivos a recopilar información detallada sobre la residencia fiscal de sus clientes, verificar su identidad y presentar informes anuales sobre saldos y transacciones ante las autoridades fiscales locales.
De acuerdo con Lucy Frew, de la firma Walkers, esta normativa implica una transformación profunda de los procesos internos de las empresas vinculadas a los activos digitales.
En particular, las compañías deberán rediseñar sus mecanismos de conocimiento del cliente y prevención de lavado de dinero, al mismo tiempo que actualizan sus sistemas de reporte para alinearse con los estándares exigidos por CARF.
Asimismo, la información recopilada no se limitará al ámbito nacional, sino que será compartida a nivel internacional mediante acuerdos ya vigentes, lo que permitirá a las autoridades fiscales de distintos países coordinar esfuerzos en la detección de inconsistencias y posibles delitos financieros.
Nuevas exigencias fiscales en el ecosistema
Con la implementación del marco CARF, los usuarios de plataformas de criptomonedas deberán prepararse para proporcionar información más detallada sobre su residencia fiscal y otros datos personales.
Así lo advirtió Asher Tan, CEO de CoinJar, al señalar que el nuevo marco incrementa de forma sustancial las exigencias de reporte tanto para los clientes como para las empresas del sector.
En ese sentido, especialistas en materia tributaria aclaran que CARF no introduce nuevos impuestos, sino que refuerza la aplicación de los marcos fiscales ya existentes.
Al tratarse de informes legibles por máquina, las autoridades fiscales podrán identificar con mayor rapidez inconsistencias o discrepancias en las declaraciones presentadas por los usuarios.
Este cambio también representa un desafío operativo relevante para las plataformas de intercambio, que deberán adaptar sus sistemas y procesos internos en plazos ajustados con el objetivo de evitar sanciones, restricciones regulatorias o problemas de cumplimiento.
CARF y el nuevo equilibrio del ecosistema cripto
En conjunto, la adopción global del marco CARF marca un punto de inflexión en la regulación internacional de los criptoactivos. Este nuevo escenario implica mayores exigencias de verificación y transparencia en la relación entre plataformas y usuarios.
Al mismo tiempo, sienta las bases para un entorno más predecible y alineado con los estándares fiscales internacionales, lo que podría reducir la incertidumbre regulatoria en el largo plazo.
De forma paralela, el sector deberá adaptarse a un marco operativo más exigente. La inversión en tecnología, el refuerzo de los procesos de cumplimiento y la capacitación especializada de los equipos serán factores determinantes para responder a los nuevos requerimientos.
En última instancia, estos elementos también resultarán clave para mantener la competitividad en un mercado global de criptoactivos cada vez más regulado y supervisado.
