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La vigilancia estatal impulsada por inteligencia artificial ya no es un riesgo hipotético. Es una realidad documentada en informes oficiales de Naciones Unidas, incluyendo trabajos del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR) y resoluciones del Consejo de Derechos Humanos.
Estos organismos describen cómo distintos gobiernos están incorporando tecnologías como reconocimiento facial, análisis biométrico y sistemas automatizados sin los controles públicos y legales necesarios para salvaguardar los derechos fundamentales.
En su informe «The Right to Privacy in the Digital Age» (2024), el OHCHR detalla el aumento de tecnologías de vigilancia basadas en IA en espacios públicos, aeropuertos, fronteras y plataformas de identificación ciudadana. Según el documento, el problema central no es la tecnología en sí, sino la falta de supervisión independiente, transparencia y límites normativos claros.
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Tecnologías documentadas por la ONU: reconocimiento facial, biometría y análisis automatizado
El OHCHR confirma que varios gobiernos emplean cámaras con reconocimiento facial para monitorizar estaciones de transporte, calles y eventos públicos. Estas herramientas comparan rostros con bases de datos estatales que, en muchos casos, carecen de regulación clara sobre almacenamiento, acceso o eliminación de datos biométricos.
El informe también señala el crecimiento de bases de datos biométricas nacionales, que recopilan huellas digitales, rasgos faciales, iris o patrones de voz. En determinadas regiones, estos sistemas están vinculados a servicios sociales, procesos migratorios o controles fronterizos, lo que genera riesgos de discriminación y uso desproporcionado.
Asimismo, la ONU documenta el empleo de sistemas automatizados de análisis predictivo, utilizados por algunas autoridades para identificar comportamientos considerados «inusuales». El riesgo, según el OHCHR, es que estos modelos pueden amplificar sesgos presentes en los datos históricos.
Lo que advierte el Consejo de Derechos Humanos: falta de debate y controles adecuados
La resolución A/HRC/51/17 (2022) del Consejo de Derechos Humanos profundiza en un diagnóstico crítico: muchas tecnologías de vigilancia digital -incluyendo herramientas con componentes de IA- se implementan sin debate parlamentario, sin consultas públicas y sin auditorías independientes.
El texto señala que su uso en contextos sensibles como escuelas, hospitales y protestas puede amplificar el riesgo de abuso, limitar libertades y erosionar la rendición de cuentas democrática. La resolución enfatiza la necesidad de que toda forma de vigilancia sea compatible con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Investigaciones externas refuerzan las observaciones de la ONU
El Citizen Lab, citado frecuentemente en informes oficiales de la ONU, ha documentado casos concretos de despliegue de tecnologías de vigilancia avanzadas.
Sus estudios describen:
- Uso de reconocimiento facial en zonas de vigilancia política intensiva.
- Exportación de tecnologías de análisis automatizado a países con marcos regulatorios débiles.
- Despliegue de cámaras inteligentes en ciudades sin supervisión independiente.
Estas investigaciones complementan los análisis de Naciones Unidas y confirman que la expansión de la vigilancia algorítmica no solo es verificable, sino global.
Conclusión: la gobernanza determinará el impacto de la IA en las libertades civiles
La ONU sostiene que la vigilancia impulsada por IA debe regirse por leyes claras, evaluaciones de impacto y mecanismos de supervisión que garanticen proporcionalidad y respeto a los derechos humanos. Sin estos elementos, la acumulación de datos biométricos y sistemas automatizados puede alterar profundamente la relación entre ciudadanía y Estado.
El desafío no es detener la innovación, sino asegurar que su aplicación se desarrolle bajo controles democráticos. Las reglas que se definan hoy determinarán el equilibrio entre seguridad y libertad en las próximas décadas.
