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Venezuela es uno de los países con mayor adopción de criptomonedas en América Latina. Según Chainalysis, en 2024 ocupó el puesto 7 en el ranking global, impulsado por la combinación de hiperinflación, controles cambiarios y crisis financiera.
Las stablecoins como USDT se han convertido en el medio de ahorro y transacción preferido por millones de ciudadanos, reemplazando en gran parte al bolívar en operaciones cotidianas. Comercios, freelancers y pequeñas empresas utilizan stablecoins para pagos, nóminas y remesas, consolidando un ecosistema P2P que se sostiene incluso frente a la inestabilidad política.
Al mismo tiempo, la comunidad venezolana ha mantenido una fuerte presencia en minería. Aunque el gobierno ha ejercido controles estrictos, Venezuela llegó a concentrar más del 10 % del hashrate global de Ethereum antes del Merge. Hoy, la minería de Bitcoin continúa, aunque muchas operaciones se han desplazado hacia la informalidad debido a restricciones estatales y a los altos costos eléctricos.
En el terreno de innovación, desarrolladores locales han creado soluciones fintech y proyectos de tokenización, pero la falta de seguridad jurídica dificulta la atracción de capital externo.
Regulación
El marco legal venezolano es ambiguo. Desde 2017, el país contó con la SUNACRIP (Superintendencia Nacional de Criptoactivos), encargada de regular la actividad. Sin embargo, en 2023 fue cerrada tras escándalos de corrupción vinculados al Petro (PTR), lo que debilitó aún más la institucionalidad del sector.
El uso de criptomonedas no está prohibido, pero las operaciones formales se ven limitadas por controles estatales, impuestos opacos y riesgos de confiscación. Exchanges locales han enfrentado cierres y sanciones, mientras que los usuarios optan por operar en mercados informales o en plataformas internacionales.
En cuanto al Petro, el token estatal lanzado en 2018, ha perdido casi toda relevancia y carece de adopción práctica. Su fracaso contrasta con el éxito espontáneo de stablecoins y Bitcoin en la economía real.
Perspectiva estratégica
Venezuela es un caso extremo de adopción cripto como respuesta a la crisis. Las stablecoins actúan como sustituto del sistema financiero tradicional, y el P2P se ha convertido en la columna vertebral de las transacciones.
El país muestra el potencial de las criptomonedas como herramienta de supervivencia económica, pero también los límites de operar sin un marco regulatorio confiable. Mientras no exista seguridad jurídica ni incentivos claros para la inversión, Venezuela seguirá siendo un laboratorio social de adopción masiva, pero no un hub atractivo para empresas globales.
La paradoja es clara: Venezuela es líder en uso de cripto por necesidad, no por política pública, y ese diferencial podría marcar un precedente sobre cómo los ciudadanos adoptan la tecnología incluso en entornos adversos.
