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La Cámara de Representantes de Arizona aprobó la creación de una reserva estatal de Bitcoin, lo que representa un nuevo hito para esa entidad. Se trata de un nuevo intento tras la propuesta recientemente aprobada por el parlamento, pero vetada por la gobernadora demócrata Katie Hobbs.
En esa oportunidad, Hobbs alegó que el rechazo a la propuesta buscaba evitar los riesgos asociados con la volatilidad de BTC. A su juicio, BTC representa un enorme peligro para los fondos de pensiones del estado, por lo que no se tomarían ese riesgo. Ahora, los representantes contraatacan y aprueban una nueva versión de ese proyecto.
Ahora, la HB2324 se plantea la creación de la misma reserva de la mayor de las criptomonedas. Sin embargo, retiran todo lo relacionado con los riesgos sobre los que alertó la gobernadora. En ese sentido, la nueva propuesta plantea que la reserva esté compuesta solamente por los BTC incautados en casos criminales. La votación final para esta nueva propuesta fue de 34 votos a favor y 22 en contra.
Ahora el proyecto de reserva estatal de Bitcoin pasa a la oficina de Hobbs donde recibirá la aprobación o un nuevo veto bajo nuevos argumentos por parte de la gobernadora. La propuesta permanecerá en la oficina de la primera mandataria regional por un plazo de 5 días laborables (hasta el 1 de julio). Para esa fecha, se conocerá la decisión definitiva de Hobbs.
¿Aprobará Hobbs esta vez la reserva de Bitcoin para Arizona?
Aunque la nueva propuesta aprobada por la Cámara de Arizona elimina las causas que provocaron su veto, esto no garantiza la luz verde de Hobbs. La gobernadora proviene del partido demócrata, lo que significa que su hostilidad hacia las monedas digitales probablemente no tiene un fundamento de mercado.
Si esto último es el caso, se podría decir que el rechazo de la gobernadora hacia una reserva de BTC tiene motivación política. En consecuencia, esto se traduciría en un nuevo veto hacia la propuesta. Sin embargo, por ahora es pronto para tener una conclusión de lo que sucederá en el despacho de la máxima autoridad de Arizona.
En cualquier caso, es que la nueva propuesta no representa ningún riesgo para los contribuyentes. A diferencia de los modelos de Texas y New Hampshire, esta reserva no se nutrirá con fondos públicos. La propuesta detalla que los primeros $300.000 de cada confiscación cripto irán a la oficina del Fiscal General del estado.
El resto se distribuirá así: 50% al Fiscal General, 25% al Fondo General del estado y 25% a la nueva reserva de Bitcoin. Esta reserva estará resguardada en una billetera digital aprobada y segura.
Este enfoque responde tanto a preocupaciones fiscales como a la creciente aceptación de Bitcoin como activo estratégico. Para los conservadores fiscales, representa una forma de fortalecer las reservas estatales sin depender de la impresión de dinero ni de la exposición a la inflación. Para los defensores de las criptomonedas, es un paso más hacia la normalización de Bitcoin como activo público, similar al oro.
