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Las autoridades gubernamentales de Paraguay solicitarán al poder legislativo severas penalizaciones contra los mineros ilegales de Bitcoin que operen dentro del país. En consecuencia, los responsables de operar al margen de las leyes podrían recibir una pena de hasta 10 años de cárcel, según espera este proyecto.

La portavoz del presidente, Paula Carro, afirmó el pasado viernes a los medios que la propuesta se envió al parlamento en forma de urgencia. La medida de castigo tendría como objetivo disuadir a las entidades de minería digital para que operen de acuerdo con las regulaciones. 

La portavoz también informó sobre otro proyecto con el que los cuerpos policiales tienen derecho a confiscar los equipo de los mineros ilegales. Según reporteros locales, el proyecto contempla la modificación del artículo 173 del Código Penal del país sudamericano. Estas iniciativas serían parte de una campaña de mejora en la eficiencia de los servicios eléctricos.

Es importante tener en consideración que Paraguay es uno de los grandes generadores de energía limpia en el subcontinente. Esto le convierte en un destino ideal para las empresas mineras que buscan fuentes baratas y sustentables. Pese a ello, las autoridades desean poner orden en una industria altamente demandante de electricidad.

Sentencia máxima para los mineros ilegales de Bitcoin

En su rueda de prensa, Carro advirtió que los mineros ilegales de Bitcoin se constituyen como una amenaza para el sistema eléctrico. Si este proyecto se convierte en ley, se despejaría el camino para una industria minera funcionando plenamente sin que eso signifique un peligro para las firmas de energía.

Desde hace años, los legisladores del país luchan para que se creen leyes que permitan el establecimiento de empresas mineras digitales. Cabe resaltar que la generación de energía en Paraguay no compensa el bajo desarrollo industrial. En ese sentido, esto supone un enorme excedente que las autoridades desean aprovechar.

De este modo, las autoridades realizan enormes esfuerzos por abrirse a capitales y empresas extranjeras, entre ellas las de minería digital. Pero con esta última vienen las inevitables actividades ilegales por parte de actores negativos dentro del sector. Precisamente, es contra estos últimos que las autoridades dirigen el actual proyecto de ley. 

Los intentos del gobierno por ir en contra de la minería ilegal de Bitcoin en Paraguay son la continuación de una reciente embestida. De hecho, hace algunas semanas algunos legisladores salieron en defensa de la industria luego de que algunos representantes la calificaron de una amenaza. Existen detractores dentro de ese país que desean expulsar a todas las empresas de minería digital, sin embargo, esta acción tendría consecuencias negativas para el sector eléctrico.

No se debe perder de vista que la minería de Bitcoin es uno de los sectores con demanda estable en un país industrialmente poco desarrollado. En palabras simples, las empresas eléctricas tendrían pocos clientes industriales seguros para la salida remunerada de su generación.

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