La India desde el 2018 prohibió a todos los bancos que realizarán operaciones relacionadas con las criptomonedas, ahora quiere evitar erradicar las regulaciones establecidas.
En 2018 a través de un comunicado emitido por el Banco de la Reserva India (RBI por sus siglas en inglés), los bancos que operan en el país debieron culminar los negocios establecidos con las empresas asociadas a las actividades criptográficas.
A pesar de que el vocero del Ministerio de Finanzas de la nación negara que existe una prohibición expresa a las criptomonedas por falta de regulación expresa, la realidad es que la circular del año 2018 en abril expresa:
“Reserve Bank ha advertido repetidamente a los usuarios, titulares y comerciantes de monedas virtuales, incluidos los Bitcoins, sobre diversos riesgos asociados al tratar con dichas monedas virtuales. En vista de los riesgos asociados, se ha decidido que, con efecto inmediato, las entidades reguladas por RBI no tratarán ni prestarán servicios a ninguna entidad individual o comercial que se ocupe de o liquiden los VC. Las entidades reguladas que ya brindan dichos servicios saldrán de la relación dentro de un tiempo especificado. Se publica por separado una circular al respecto”.
Desde entonces, ante la Corte Suprema de Justicia de ese país se presentaron peticiones de información y fijación de políticas gubernamentales que explicarán tal decisión. Hasta el momento todas las audiencias planteadas han sido pospuestas, ya suman cinco peticiones formales ante el máximo tribunal de ese país y aún no ha habido respuesta.
A través de la red social twitter, usuarios y ciudadanos mostraron su indignación en la reprogramación de las audiencias en los procesos que llevan más de un año ya.
Por su parte, expertos en la materia criptográfica en India han reaccionado también, aduciendo con cierta certeza que estos atrasos jurisdiccionales se derivan de la incertidumbre que existe sobre el proyecto de ley y sus informes filtrados y ahora publicados por la DAE.
No es de extrañarse que los órganos jurisdiccionales le estén regalando tiempo a los legisladores para así evitar una decisión contradictoria. A pesar de que el ejercicio al derecho a la información se realizó tempestivamente, ya la justicia India ha quedado entredicha por el tratamiento que le ha dado a los procesos, comprometiendo la “justicia rápida, expedita y judicialmente efectiva” como principio universal del debido proceso.
